Barcelona busca nuevas vías para ganar vivienda social
La compra municipal de edificios con problemas se revela un fiasco que origina más dificultades
51 adultos, 12 niños y 30 animales pasan estas fiestas bajo la amenaza del desalojo. Las pancartas de las fachadas de las viviendas de La Escocesa denuncian que el Ayuntamiento planea dejarlos en la calle. Una vez más al gobierno de la alcaldesa Ada Colau se le atragantan los pisos que años atrás mandó comprar en su lucha contra la especulación. En el último lustro el Consistorio se hizo con 25 edificios que suman 450 viviendas. Pero son tantos los malos tragos experimentados como casero que el ejecutivo municipal está buscando otros métodos a fin de incrementar las viviendas públicas de Barcelona. Ahora el Ayuntamiento mira de otro modo la colaboración con el sector privado, sobre todo con fundaciones y cooperativas, pero también con grandes propietarios e inversores.
Valerian y Claudia cuentan que hace pocas semanas el Ayuntamiento les comunicó que tenían que marcharse, que la finca está en un estado lamentable, que los bajos que ocuparon no son seguros. “Dicen que las obras del complejo de oficinas de al lado son peligrosas, por eso vibra el suelo –relatan–. Nunca supe nada del Ayuntamiento hasta ahora. Una vez vinieron con la policía para identificarnos. Y ya está. Nos dieron diez días para recurrir. Vivimos aquí desde hace un año y medio. Un amigo me dijo que había un sitio libre... Estaba lleno de escombros. Tardé dos semanas en vaciarlo, y luego lo convertí en un hogar. Hasta puse un suelo de parquet. Antes de chatarrero fui albañil, pero hace años que solo me salen chapuzas. Estoy dispuesto a pagar un alquiler. Tenemos una hija de siete años. Todos los que vivimos aquí pedimos al Ayuntamiento que no nos abandone. Nadie nos alquilará un piso. Acabaremos en una nave, un solar, un puente...”. Fuentes municipales responden que los servicios sociales están buscando alojamientos alternativos.
Hace cuatro años los tenientes de alcalde Janet Sanz y Jaume Collboni anunciaron que el Ayuntamiento invertía diez millones de euros en hacerse con la mayor parte de La Escocesa, que así frustraba la construcción de cien pisos de lujo que alimentarían la gentrificación, que la dedicarían a viviendas sociales... Desde entonces La Escocesa está en la lista de buenas intenciones municipales. Uno de los retos del gobierno de Colau para a este mandato era iniciar su reforma para terminarla a finales del siguiente. Las obligaciones que rigen las actuaciones de la administración demoran estos procesos. Y a medida que se derruían viejas naves en los alrededores, familias como la de Valerian y Claudia se mudaban a este lado del Poblenou.
A pesar de ello, las compras de edificios enteros no dejaron de sucederse. Como la del 317 de Aragó, dos años y medio atrás, por dos millones de euros. En aquella ocasión el entonces teniente de alcalde Gerardo Pisarello destacó que con esta compra el Consistorio ya había rescatado “45 viviendas del Eixample de operaciones privadas y fondos buitre para destinarlas a alquiler social”. “Aquí la única que paga el alquiler soy yo –dice ahora una septuagenaria en el pintarrajeado rellano del principal de esta finca esquinera y centenaria venida a menos–. Al Ayuntamiento le parece bien, aquí nunca ha hecho nada, ¡esto es un cachondeo!, no arreglan ni una humedad”. En estos momentos el Consistorio está reformando el local de los bajos para ofrecerlo a entidades del barrio. La rehabilitación del resto, sin embargo, no tiene todavía plazos claros. Aún está en proceso de selección del proyecto
LA LENTITUD ADMINISTRATIVA
Los propios requisitos municipales demoran los procesos y agravan los problemas
UN MAL CASERO
Muchos inquilinos del Ayuntamiento denuncian el abandono de sus hogares
de redacción. La cerradura del portal está rota.
Esta política también dio pie a experiencias satisfactorias: el 37 de Leiva, del 394 de Còrsega, del 26 de Ferreira... Pero aquellos inmuebles estaban en mejor estado. Cuando las fincas arrastran problemas la lentitud administrativa lo complica todo. Hace años que muchos inquilinos municipales denuncian que bajo la amenaza de los fondos de inversión no vivían tan mal. La cantinela se repite en un puñado de edificios pendientes de rehabilitación, en Lancaster, Hospital, Robador... Y muchas entidades acusan al Consistorio de olvidarse de los más desamparados. El Ayuntamiento dice que, para agilizar estos procesos, está diseñando nuevas estrategias.
“Acabamos de firmar un convenio con el sector de la vivienda social para que fundaciones y cooperativas construyan y rehabiliten en solares y fincas municipales”. Así, siguen las fuentes municipales, las entidades asumen parte de la inversión y, además, la tramitación de los proyectos es más ágil. “Con este convenio se habilitarán mil pisos asequibles. El Ayuntamiento ya puso a disposición de las entidades propiedades que pueden convertirse en más de 400 viviendas públicas, manteniendo la titularidad pública del suelo”. El Consistorio espera así acelerar las reformas del 10 de Reina Amàlia y del 44 de Joan de Borbó, por ejemplo. El Ayuntamiento compró la finca del Raval el 2017. Tardó cerca de dos años en tapiarla. El edificio había sido ocupado por un montón de narcos. Su estado era y es lamentable. El de la Barceloneta, en mejores condiciones, fue adquirido hace cinco años por 3.600.000 euros. “Se dedicarán a alquiler asequible. El Ayuntamiento deberá validar las propuesta final de rehabilitación”.
“Otra vía que estamos explorando es la colaboración con los grandes tenedores, la búsqueda de la corresponsabilidad con los privados –tercia Jordi Rabassa, concejal de Ciutat Vella, del distrito que concentra la mayor parte de las fincas municipales problemáticas–. La idea es que la mediación municipal en casos de conflictos entre vecinos y fondos de inversión sirva para generar vivienda social”. Aunque no sea para siempre. El edil subraya tres casos recientes: el 99 de Hospital, el 6 de Espalter y el 6 de Sant Bartomeu. En los tres grupos inversores se hicieron con las fincas con la intención de que los inquilinos se marcharan y convertir sus viejas casas en viviendas de alto standing. Estos edificios ya sumaban muchos años de falta de cuidados. Pero la fuerte resistencia de los inquilinos y de muchas asociaciones del Raval y la intervención del Ayuntamiento les obligaron a modificar sus planes y firmar contratos de alquiler social de siete años con la mayor parte de los habitantes. Además, en el caso de Sant Bartomeu, la propiedad cedió dos viviendas al Consistorio para que las alquile a familias vulnerables. Al final los inversores montarán una piscina en la azotea, como planearon, pero entre tanto... “Es un modo de conciliar los intereses privados y los públicos –añade el concejal de Ciutat Vella–. Estos tres acuerdos son el principio. Estamos trabajando en más casos. Queremos que los fondos propietarios del 5 de Jaume Giralt y del 14 de Príncep de Viana las rehabiliten y nos las cedan de algún modo. No podemos depender únicamente de la iniciativa municipal. Tenemos que abrir el foco, contar con los privados y lograr que ellos también se responsabilicen de los que ocurre en el barrio”. El de Jaume Giralt lleva meses vacío, y el de Príncep de Viana es el último narcoedificio del Raval.
INÉDITAS ALIANZAS
Los comunes buscan ahora la corresponsabilidad de los grandes propietarios
NUEVOS CAMINOS
El Consistorio delega las rehabilitaciones de fincas a cooperativas de vivienda