Conflicto por la ley que limita el precio del alquiler
El Gobierno pide cambios para evitar el recurso de inconstitucionalidad
La ley catalana para limitar los precios del alquiler fue foco de conflicto entre los socios del Govern hasta su aprobación el pasado mes de septiembre, pero la vida de la norma se presagiaba tumultuosa desde el primer momento. No solo el PP amenazó con llevarla al Constitucional, sino que también el PSC advertía del poco recorrido de la norma.
El plazo para presentar recurso finalizó hace una semana, pero antes de quedar fuera de juego, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos puso sobre la mesa de la Generalitat el conflicto competencial e instó al Ejecutivo catalán a abrir un proceso de negociación bilateral previo del que ya ha sido notificado el Tribunal Constitucional. La negociación puede durar seis meses y el nuevo plazo del Gobierno para interponer un recurso queda fijado en el 21 de junio.
El Govern decidió el día 9 iniciar las negociaciones y el día 15, la subcomisión de solución de conflictos de la Comisión Bilateral Estado-generalitat se puso en marcha. Ambas administraciones tienen abiertas una docena de negociaciones de este tipo y en el Govern sostienen que se ha llegado a algunos acuerdos con simples interpretaciones. Pero la enmienda que plantea el Gobierno sobre la ley para la contención de los alquileres no es menor. De hecho, afecta a 13 de los 19 artículos de la norma y a siete de las 12 disposiciones.
La ley se aprobó en el Parlament por el procedimiento de lectura única con los votos favorables de Junts, ERC, los comunes y la CUP. Los cuatro diputados del PDECAT se sumaron al bloque del no junto a Cs, PSC y PP, que se opusieron a la norma calificándola de electoralista y le auguraron poco recorrido. El Sindicat de Llogaters la calificó de “histórica”, al mismo tiempo que patronales y profesionales inmobiliarios se oponían.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, llegó a poner como condición para la negociación de los presupuestos que el Gobierno no presentara el recurso. Y con los presupuestos aprobados, lo que hace el Ejecutivo es ganar tiempo. También por interés propio. En paralelo transcurría el conflicto entre los socios de la coalición en Madrid.
A finales de octubre, durante el acto de presentación del anteproyecto de los presupuestos generales, Pablo Iglesias anunció una ley estatal de vivienda “con el mayor grado de intervención pública en el mercado de alquiler en Europa”. El compromiso preveía que la norma entrara en el Congreso en cuatro meses e incluiría mecanismos que habiliten a las autonomías o ayuntamientos a establecer la limitación o bajada de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionadas, tanto en nuevos contratos como en los vigentes.
De esta forma, la ley española iría más allá de la catalana que solo interviene en los nuevos contratos. Aun así, el Gobierno ha planteado problemas competenciales con todos los artículos que fijan el ámbito de aplicación, los criterios para determinar la
20 ARTÍCULOS Y DISPOSICIONES El Ejecutivo enmienda el grueso de la norma aprobada en el Parlament
SEIS MESES DE PLAZO
El TC ya ha sido notificado de la negociación previa a la impugnación
renta inicial del alquiler y el precio de referencia y las afectaciones en función de las obras de mejora o los servicios, el régimen sancionador y hasta la declaración transitoria de municipios como áreas de mercado de vivienda tensionado.
La ley establece 60 municipios en que se considera que falta vivienda asequible –las cuatro capitales de provincia y el grueso del área metropolitana de Barcelona–. En esas zonas, la renta de los nuevos contratos no puede superar el precio por metro cuadrado que establece el índice de rentas de la Agència de l’habitatge de Catalunya. El propietario tampoco puede subir la renta, aun cuando sea inferior a este índice, cuando los inmuebles han estado alquilados por un precio inferior en los últimos cinco años, y se enfrenta a multas de hasta 90.000 euros si incumple estas limitaciones.