El ‘procés’, en los tribunales en el 2021
Los indultos, las primeras sentencias del TC y posibles nuevos terceros grados marcarán el primer trimestre
Los líderes independentistas volverán a ser protagonistas en los tribunales el primer trimestre del 2021. Varias resoluciones pendientes y que se conocerán a principios del próximo año resolverán su futuro inmediato. Los indultos, la reforma del delito de sedición, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre sus condenas y posibles nuevos terceros grados están a la espera de resolverse. Estas decisiones marcarán si el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y cinco exconsellers, logran su puesta en libertad. Una de las claves es si esto ocurre antes del 14 de febrero, fecha prevista para las elecciones catalanas.
LOS INDULTOS
El dictamen del TS, en enero
El Tribunal Supremo remitirá su dictamen sobre la idoneidad de indultar a los líderes independentistas condenados por sedición entre enero y febrero, según fuentes del Alto Tribunal. La Fiscalía entregó el pasado martes su informe en el que rechazaba que se den las condiciones exigibles para que los penados se beneficien de una medida de gracia que debe otorgar en última instancia el Gobierno. En su escrito, el ministerio público advertía que los indultos no pueden ser concedidos ni por intereses políticos ni fruto de pactos entre formaciones. Además, los fiscales apuntaban que no se dan las circunstancias de “justicia, equidad o utilidad pública”.
Además del ministerio público también remitirá su informe la Abogacía del Estado, que se centrará en el delito de la malversación. Una vez que la sala que les enjuició, presidida por Manuel Marchena, entregue su dictamen previsiblemente desfavorable al Ministerio de Justicia, éste hará una propuesta al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra. No obstante, la decisión de indultarles con los informes en contra del TS y de la Fiscalía será un hueso complicado.
Por eso, desde distintos sectores judiciales se ve más plausible lograr la excarcelación de los líderes independentistas mediante la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que permita rebajar la pena, o incluso por la vía de los terceros grados en la medida que habrán cumplido mayor parte de su condena.
RECURSOS DE AMPARO
El TC ultima sus sentencias
El Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa desde marzo los recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los 12 líderes del procés por aprobar las leyes de desconexión y organizar el referéndum del 1 de octubre del 2017. Según informan fuentes del tribunal a La Vanguardia, la primera sentencia que se dará a conocer en enero será la relativa a la exconsellera Meritxell Borràs, y en febrero se dictará la que resuelve el recurso del exconseller Carles Mundó. Ninguno de los dos recusó a ningún magistrado por lo que se ha podido continuar con la tramitación de los recursos. Ambos fueron condenados solo a una pena de inhabilitación por desobediencia. El resto de condenados plantearon un incidente de recusación contra el magistrado Antonio Narváez y hasta que no se resuelva, el estudio de los recursos queda paralizado. Según estas fuentes, el pleno tomará una decisión sobre Narváez en enero y acabará de resolver el resto de sentencias antes del verano.
REVISIÓN PENITENCIARIA
¿Tercer grado, 100.2 o nada?
Todos los presos del procés habrán cumplido una cuarta parte de su condena por sedición en febrero del 2021 y esto abre un nuevo escenario que podría culminar con la concesión de nuevo del tercer grado penitenciario que fue revocado por el Tribunal Supremo, que lo consideró prematuro. En su resolución el Alto Tribunal reclamaba que hubiera transcurrido “un periodo de tiempo mayor” teniendo en cuenta que los líderes independentistas habían sido condenados a “penas elevadas” y cuando además “no había transcurrido ni la cuarta parte de la condena”. Junqueras y Forcadell lo alcanzarán a finales de enero, y Bassa, Turull y Romeva lo harán justo tres días antes de las elecciones catalanas del 14-F, con lo que todos podrán solicitar permisos y participar en la campaña electoral. La presión se trasladará a las juntas de tratamiento de las cárceles y a los jueces de vigilancia que en verano vieron motivos suficientes para autorizar que los presos fueran puestos en semilibertad alegando razones de arraigo y buen comportamiento. “Si esgrimieron esos argumentos entonces, no hay motivo para no validarlos ahora”, apuntan en el entorno de los presos. Sin embargo, el Supremo acusó a cárceles y jueces de “vaciar de contenido la sentencia y someterla a una relectura que disfrazaba un tratamiento penitenciario privilegiado”. Las cárceles tienen de plazo máximo el 14 de enero para pronunciarse sobre su progresión de régimen penitenciario. La decisión debe ser ratificada en los dos meses siguientes por servicios penitenciarios, ahora dependientes de ERC, y que puede quedar a expensas de lo que suceda en la contienda electoral.
CON EL 13 EMPEZÓ TODO
Altos cargos del govern, a juicio
No hay fecha señalada todavía y costará encontrar un hueco en la apretada agenda judicial en plena Covid para un macrojuicio con cerca de cuarenta acusados que han sido investigados por el juzgado de instrucción 13, la causa con la que empezó la derivada judicial del procés y culminó con la condena a los líderes independentistas por el Supremo. En el banquillo se sentarán empresarios, altos cargos del govern de Carles Puigdemont y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio así como la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que supuestamente colaboraron en la organización, preparación y difusión del referéndum del 1-O. Se les acusa de los delitos de malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. Aunque tampoco hay fecha, en 2021 también debe celebrarse el juicio contra los considerados arquitectos de las estructuras de Estado, Lluís Salvadó y Josep María Jové, diputados de ERC, y éste último miembro del equipo negociador en la mesa de diálogo con el Gobierno.