Petroleras y gasistas critican el fondo para financiar las renovables

El Gobierno tramita la ley de forma urgente para activar la medida en el 2021

Enfado generalizado entre las grandes empresas energéticas, sobre todo petroleras y gasistas, por el nuevo fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, que pretende recaudar 4.765 millones de euros entre los años 2021 y 2025. El Gobierno pretende obtener 2.085 millones de las petroleras, 1.181 millones de las gasistas y 1.500 millones de las eléctricas en cinco años bajo el argumento de que se saca de la factura eléctrica el coste de las renovables (véase gráfico).

En la memoria del anteproyecto de ley figura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha barajado otras opciones, como la inacción, la financiación vía presupuestos, así como la introducción de un nuevo esquema de financiación de los costes de las actividades reguladas. Finalmente, se ha optado por un nuevo fondo que correrá a cargo delas empresas, cuyo coste trasladarán al cliente final.

Diversos directivos critican en privado la decisión del Ministerio de Teresa Ribera, pero solo el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado públicamente su opinión. El ejecutivo vasco explicó que el nuevo fondo no tiene por objetivo financiar las renovables, sino que es “para pagar a los fondos de inversión, en muchos casos especulativos”, que invirtieron en España en el pasado en unas energías renovables que no eran todavía competitivas, así como para sufragar “los dividendos de las eléctricas y sus errores del pasado”.

En una jornada celebra en el IESE, Imaz fue muy claro al subrayar que las renovables que se implantan ahora sí son rentables y que la imposición que se va a aplicar a las empresas con la nueva herramienta se trasladará al precio de “la gasolina, el diésel o el consumo de gas en casa”. En este sentido, Imaz destacó que “las eléctricas tienen mucho campo para mejorar sus costes”. El ministerio de Ribera calcula que la medida afectará a entre 500 y 1.000 empresas, que tienen de plazo hasta el próximo 11 de enero para hacer alegaciones. La norma se va a tramitar de forma urgente para que se aplique pronto.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la gasista (Sedigas) son las que han alzado la voz en nombre de las empresas. Esta última defiende que “no se ponga en peligro al sistema gasista garantizando la seguridad de suministro”. Su presidente, Joan Batalla, defendió que “las nuevas normas no deben poner en riesgo la viabilidad económica de la comercialización del gas y del sistema gasista”.en ese sentido, el sector eléctrico registró en el 2019 un déficit de 527 millones de euros, mientras que el gasista un superávit de 353 millones.

Por su parte, fuentes del sector petrolero justifican que “se está socializando un coste de decisiones erróneas tomadas en el pasado”. En su opinión, “no hay que mandar al mercado señales de sectores cruzados, puesto que el déficit eléctrico procede de decisiones erróneas políticas de hace años”. Las petroleras creen que se trata casi de “un impuesto, pero menos transparente, con lo que manda señales equivocadas a los consumidores”. A su juicio, “la solución hubiera sido llevar ese coste a los presupuestos generales del Estado”, pero el Gobierno argumenta que con la actual situación económica “no es posible”.

Imaz (Repsol) resalta que el nuevo fondo servirá para pagar errores del pasado en el sector eléctrico