Cuarenta años de autonomía
En el 2020 se han cumplido cuarenta años desde las primeras elecciones al Parlament de Catalunya; cuarenta años de autonomía que expresan la magnitud del cambio político cuando los comparamos en duración e intensidad con los nueve de la Mancomunitat o los siete de autonomía republicana, las dos experiencias hasta hoy más duraderas de autonomía, extrañamente añoradas desde una realidad que las supera en todas y cada una de sus manifestaciones.
El balance exige, cuando menos, reconocer la realidad. El restablecimiento de la Generalitat, su desarrollo y consolidación, han transformado Catalunya. Desde 1980, los ciudadanos y ciudadanas catalanes tenemos a nuestro servicio unas auténticas y nada clandestinas “estructuras de Estado”: el Parlament, el Govern y la Administración de la Generalitat. En ellas se ha desarrollado un sistema político propio sin más referente que el de los electores catalanes y con capacidades gubernamentales, administrativas y financieras para desplegar las políticas que consideran oportunas. Hoy, las opciones y los servicios públicos educativos, sanitarios o sociales, las políticas de apoyo empresarial, el grado y formas de protección del medio ambiente, algunas de nuestras infraestructuras más relevantes, el impulso de la investigación científica o el acceso a la cultura y a las posibilidades de creación cultural son, en su mayor parte, fruto de las decisiones de los poderes autonómicos. De ellos depende también, al menos en igual grado que de las instituciones estatales, afrontar los retos y las oportunidades de futuro, también las que siguen pendientes desde 1980.
La autonomía de Catalunya ha transformado también España.
Por sí misma, al asumir un papel protagonista en la gestión y prestación de los servicios públicos y en la relación diaria con los ciudadanos. Y también impulsando el desarrollo autonómico de España y el consiguiente surgimiento de una auténtica división territorial del poder, que se configura hoy como uno de los más efectivos límites de las mayorías parlamentarias estatales.
En muchas ocasiones se han mencionado las similitudes entre la Catalunya autonómica y cualquier Estado federado. Es una realidad en el funcionamiento institucional o el ejercicio de competencias; pero también en las insatisfacciones y demandas: las reclamaciones de recursos financieros o de reformas en sus sistemas de reparto, las discusiones sobre el concreto alcance y contenido de las normas estatales que se imponen a todos, las exigencias de uniformidad y apertura derivadas de formar parte de una unidad política más amplia, en nuestro caso España pero también la Unión Europea... En todo país federal esas demandas y discusiones son permanentes y su concreción resulta de múltiples decisiones y equilibrios que modifican en el día a día el alcance efectivo de los poderes territoriales y del poder central.
Este período también ha dado a luz a una generación, la mía, en la que algunos al menos creímos y seguimos creyendo en valores y principios que se predicaban desde los propios poderes autonómicos: la riqueza de la identidad compartida, la importancia de la voluntad de formar parte de un proyecto común, la fertilidad personal y social y las ventajas que para la sociedad comporta la diversidad.
Porque cuando miro la realidad de la sociedad catalana, no veo en su pluralismo un mal que corregir sino una oportunidad de crecimiento y encuentro; porque creo que sus necesidades y sus retos no están en la construcción de un Estado propio sino en el progreso como comunidad, superando sus muchas limitaciones sociales, económicas y culturales. Y desde luego porque en ese progreso distingo enormes similitudes, vínculos y anhelos compartidos con el resto de españoles; y compruebo cada día que de la pertenencia a España y la acción de sus ciudadanos e instituciones resultan mayores capacidades y beneficios que de la acción de cada uno.
La autonomía de Catalunya ha pasado por distintas fases y avatares, pero sigue siendo, aunque algunos parezcan olvidarlo, nuestra herramienta fundamental para la garantía y el impulso de los derechos y proyectos de los catalanes y catalanas. Llevamos más de diez años discutiendo sobre las instituciones y las herramientas. Y cada uno de ellos ha sido un año perdido para aprovechar oportunidades de desarrollo, apostar por inversiones estratégicas, identificar sectores con potencial de crecimiento económico y generación de empleo o generar inclusión y riqueza mediante el refuerzo de políticas sociales, como han podido hacer otras comunidades. Ojalá los próximos años, o al menos los próximos meses, y la próxima campaña electoral sirvan para discutir más sobre un proyecto común y real de país.
La superioridad de la realidad actual se ve al compararla con los años de autonomía republicana o los de la Mancomunitat
Las necesidades y retos de Catalunya no residen en el logro de un Estado propio sino en su progreso como comunidad