Calvo afirma la soberanía del Gobierno para indultar
La vicepresidenta pone en cuestión el informe de la Fiscalía
El Gobierno reivindica su soberanía para decidir sobre los indultos a los presos del 1-O. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, lo repitió ayer en TVE, subrayando que compete en exclusiva al Consejo de Ministros decidir quién debe ser indultado o no, al margen de los informes que, siendo obligatorios, no son vinculantes. El Ejecutivo puede atenerse a los informes o no, recordó.
La vicepresidenta respondía así a la polémica generada por la entrevista de La Vanguardia al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, también secretario de organización del PSOE, quien subrayaba que el Gobierno “tiene la obligación moral de aliviar tensiones y buscar soluciones”, una frase que desató las críticas de PP, Vox y Ciudadanos.
El origen de esa controversia es el informe de la Fiscalía del Supremo, que desaconseja el indulto, y contra el que ayer arremetió Calvo, insinuando que el ministerio público se había excedido en juicios de valor.
“En un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias que se tienen, o incluso fuera de esas competencias”, señaló. Y en este caso, prosiguió, los fiscales en su informe “identifican un delito que no identificó el Supremo”. Se refiere Calvo al párrafo del informe de los fiscales en que se utiliza como baremo la concurrencia del tipo penal de rebelión, por el que no fueron condenados: “El propio relato de hechos probados acredita un cierto desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos de los elementos típicos de la rebelión”, reza el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
En tal sentido, Calvo recordó que tan normal es, desde el punto de vista procedimental, que el Gobierno atienda el criterio de los fiscales o del tribunal sentenciador como que no lo haga y decida en sentido contrario. “A cada quien le corresponde su parte: al ministerio fiscal, emitir su informe; a la sala, también, y al Consejo de Ministros, tomar la decisión”. La vicepresidenta descartó que la fecha en la que se tome una decisión esté vinculada de algún modo a las elecciones catalanas –previstas, pandemia mediante, para el próximo 14 de febrero–, y recordó que los plazos obedecen a los trámites fijados, un proceso suele tomar “varios meses”.
En todo caso, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López –magistrado fugaz del Tribunal Constitucional en el 2014 y hoy consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso–, advertía en redes sociales que actuar contra el criterio de jueces y fiscales, indultando a “los golpistas, no solo es un acto ilegal por parte del Gobierno, podría ser una auténtica prevaricación”, a pesar de que el PP lo hizo en la mayoría de los que concedió durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
El secretario de Justicia del PP ve “una auténtica prevaricación” que el Ejecutivo excarcele a los presos del 1-O