El Congreso acelera la reforma del CGPJ ante la ausencia de acuerdo
La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó ayer la tramitación de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para reducir las capacidades de actuación del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato se haya extinguido por vía de urgencia. Eso significa que se abre un proceso de ocho días naturales para la remisión de enmiendas, lo que puede suponer que la limitación de la capacidad del órgano presidido por Carlos Lesmes para seguir practicando nombramientos de jueces para las altas magistraturas judiciales sea efectiva en las próximas semanas.
La decisión se produce apenas 24 horas después de que el Consejo, cuyo mandato expiró hace más de dos años –en diciembre del 2018–, anunciase que proseguiría haciendo nombramientos en tanto los grupos políticos con representación en el Congreso no pactaran el nombramiento de un nuevo Consejo General o se aprobara una reforma que le impidiera hacerlo.
El CGPJ adoptó el acuerdo, hace un mes, de reclamar al Gobierno, es decir, a los impulsores de la reforma de la ley del Poder Judicial –PSOE y Unidas Podemos–, que solicitaran motu proprio un informe del propio Consejo sobre la reforma de la ley que lo regula. El PP trasladó a la Mesa del Congreso esta propuesta, la del informe previo del CGPJ, más otro de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, pero esta proposición fue rechazada ayer por la Mesa, a la vez que se aprobaba la tramitación urgente.
La reforma que promueven PSOE y Podemos solo atañe a la reducción de las funciones del Consejo una vez su mandato queda extinto, en forma similar a como ocurre con el resto de poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, cuando están en funciones. De momento, y tras desatar algunas suspicacias en Europa, el
Gobierno mantiene en suspenso su idea de modificar las mayorías exigibles para el nombramiento de vocales del Consejo, tal y como había anunciado en otoño. En todo caso, esa sigue siendo la opción preferida de Unidas Podemos, que considera que el mecanismo de elección debe adaptarse a la nueva realidad pluripartidista parlamentaria.
La aceleración de esta reforma, en todo caso, multiplica la presión sobre el PP de Pablo Casado para pactar la renovación de los órganos constitucionales, que no solo afecta al órgano rector de los jueces, sino también al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo.