Los jueces reactivan de forma provisional el 14-F
El TSJC obliga a seguir con el proceso electoral hasta que resuelva sobre el aplazamiento
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decidió ayer admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por un particular contra el decreto de suspensión de las elecciones del 14 de febrero. Eso obliga a seguir con los trámites electorales. El tribunal tiene que decidir en los próximos días sobre el fondo de la cuestión y si se mantiene el aplazamiento al 30 de mayo.
Aunque no es definitiva, la decisión adoptada ayer por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspender el aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo y mantener la cita con las urnas para el 14 de febrero supone, por muy provisional y cautelar que sea, un revés para el Govern. Si será el primero y el único es lo que habrá que ver cuando el tribunal entre en el fondo de la cuestión, que es a lo que se agarra el Govern para defender que su decreto de prórroga es jurídicamente impecable, mientras prepara las alegaciones que tiene tiempo de presentar hasta mañana por la mañana.
La primera consecuencia práctica es que tanto el propio Govern como la Junta Electoral Central (JEC) se vieron obligados a reactivar de todo el dispositivo del 14-F, suspendido desde el viernes, cuando el vicepresidente Pere Aragonès firmó el decreto objeto de controversia que situaba los comicios en el 30-M. Todo ello en medio de la crítica unánime de la oposición a las dudas jurídicas que entiende que presenta el decreto y de los dardos envenenados de Jxcat a ERC, con la exigencia de dimisiones incluida por el desaguisado. Y con los socios, a pesar de todo, intentando, a diferencia de lo que ocurre entre los partidos, cerrar filas en el Govern, en un equilibrio cada vez más difícil de aguantar.
La sala de lo contencioso del TSJC, formada por siete magistrados, estimó las medidas cautelarísimas que solicitaron dos recurrentes –un particular y el partido Izquierda en Positivo–, que alegaron que el aplazamiento podría vulnerar derechos fundamentales. El tribunal resolvió en veinticuatro horas, optando por suspender cautelarmente los efectos del decreto a la espera de lo que resuelva definitivamente, y fijó el plazo para que el Govern y la Fiscalía puedan presentar alegaciones. La resolución definitiva del tribunal, sin embargo, no puede tardar mucho: podrá producirse a partir del viernes. Faltan nueve días para el arranque de la campaña electoral si se mantiene el 14-F, y entre el sábado y hoy las juntas electorales de zona y los ayuntamientos debían adjudicar por sorteo los integrantes de las mesas. Trámites que quedaron interrumpidos, junto a la proclamación de las candidaturas o el envío único de sobres y papeletas, que también se reactivaron.
La suspensión dictada por el TSJC, que el propio tribunal precisa que no prejuzga la decisión final, pretende garantizar que las elecciones del 14-F se puedan celebrar en caso de dar por buenos los recursos que se han presentado en contra del aplazamiento, a los que habrá que añadir los de la Lliga Democràtica, Federalistes d’esquerres, miembros de Impulso Ciudadano a título individual y el Pacma. De no ser así, la situación sería prácticamente irreversible y no habría margen de maniobra. Una suspensión, en todo caso, que el Govern acogió dispuesto a plantear batalla en defensa de la “base jurídica” del aplazamiento, al tiempo que exigía máxima celeridad al tribunal para resolver definitivamente el asunto.
“El Govern no ha creado ninguna inseguridad jurídica, lo único que la crea es la decisión del tribunal de aceptar las medidas cautelarísimas”, arguyó la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que aseguró que el Govern “no comparte” la decisión del TSJC, al que alertó de los “riesgos sanitarios” que implica mantener las elecciones el 14-F. Budó compareció después de la reunión semanal del Govern acompañada esta vez del titular de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé –el responsable de organizar los comicios–, en un intento de mostrar cohesión entre los socios, poco después de que, nada más conocerse la interlocutoria del tribunal, diputainmediato
TIEMPO ESCASO Los jueces entrarán ahora en el fondo del asunto y pueden decidir a partir del viernes
DARDOS ENVENENADOS Diputados de Jxcat responsabilizan a ERC del desaguisado y exigen dimisiones
dos de Jxcat como Josep Costa o Albert Batet exigieran a través de las redes sociales responsabilidades a ERC –sin citarla– por el revés del TSJC. La portavoz del Govern tiró pelotas fuera, pero era evidente que la procesión iba por dentro.
La lluvia de críticas de la oposición, entretanto, no se hizo esperar y fue coincidente a la hora calificar de “chapuza” un decreto a su juicio “fácilmente impugnable”. Así, Cs, en palabras de Carlos Carrizosa, consideró que corresponde al Govern “encontrar los caminos jurídicos” para que las elecciones puedan posponerse hasta el 30 de mayo, mientras Alejandro Fernández, del PP, avisaba de la “ambigüedad” de un decreto que, en su opinión, permitiría que Jxcat y ERC pudieran aplazar las votaciones tantas veces como les conviniera. Jéssica Albiach, de En Comú Podem, también lamentó que el Govern “no haya hecho bien su trabajo”, pero tachó de “incomprensible” la decisión de los jueces a la vista de la situación sanitaria. Hasta la CUP, según Natàlia Sànchez, apuntó a la responsabilidad del Govern por alargar una legislatura agotada. E incluso el PDECAT, que reclamó una nueva reunión de la mesa de partidos que Solé se comprometió a convocar en los próximos días, censuró por medio de Ferran Bel la mala gestión de Jxcat y ERC.
El PSC, por su parte, intentó llevar el agua a su molino, el de un “aplazamiento técnico” hasta el mes de marzo, al abogar Miquel Iceta por acatar la resolución del TSJC y “seguir con los preparativos” del 14-F. Una posición que encontró el respaldo del Gobierno español. Su portavoz, la ministra María Jesús Montero, pidió respeto por la decisión judicial, que recordó que era “bastante coincidente” con la posición adelantada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el sentido de poner en duda la suspensión del 14-F por la falta de previsión legal.
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