El PDECAT deja a Junts el pago de la defensa de los presos
Algunos de los letrados de condenados que pertenecieron al partido heredero de Convergència siguen sin cobrar las minutas derivadas del proceso judicial
Junts asume el coste de los abogados de los presos del procés que durante años ha estado a cargo del PDECAT, dado que los condenados por el Supremo han cambiado de partido.
La disolución de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), primero en el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT) y luego en Junts per Catalunya (Jxcat), tiene una derivada inesperada: algunos de los abogados que defendieron en el juicio del procés a imputados que militaban en esa formación siguen sin cobrar una parte importante de sus minutas, según han explicado a La Vanguardia fuentes del caso.
Algunos de los hoy condenados –Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn– pertenecían al PDECAT cuando fueron juzgados, pero posteriormente ingresaron en Junts per Catalunya, la formación creada y liderada por Carles Puigdemont desde Bélgica, y sus abogados han visto como el partido que asumió de entrada el coste de sus defensas –el PDECAT– ha entrado en serias dificultades para cumplir a tiempo. Parte de los costes del juicio (acabó hace 464 días) sigue sin ser abonado a sus letrados. En algún caso está pendiente alrededor del 30% del global. El PDECAT abona en ocasiones 2.000 o 5.000 euros.
Un portavoz del PDECAT aseguró ayer a La Vanguardia que el partido ha asumido el coste de la defensa de Forn, Turull y Rull durante todos estos años y que lo seguirán haciendo de acuerdo con el calendario que se fijó. “Hemos pagado centenares y centenares de miles de euros y lo seguiremos haciendo hasta cumplir con lo pactado”.
Tras el paso a Jxcat de los tres exmilitantes del PDECAT, que se formalizó en septiembre, el partido se comprometió a pagar todos los actos derivados de su defensa hasta el 30 de octubre.
A partir de esa fecha será Jxcat quien asumirá las nuevas facturas, a las que se añadirán las de la defensa de otro preso, Jordi Sànchez, que hoy es secretario general del partido. Fuentes de esta formación confirmaron que ese es el acuerdo y que lo asumen. Los presos, que en algunos casos tienen fuertes vínculos de amistad con sus defensores, están viviendo la situación “con gran incomodidad”, explica una fuente del caso.
El traspaso de estas facturas no ha estado exento de tensiones que –añade– se han trasladado al interior de la prisión. Hasta ahora, la defensa de Sànchez había corrido por cuenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Ahora los cuatro presos pagarán de la misma cuenta. A ello hay que añadir las defensas de otros imputados.
Respecto a lo que queda por saldar, el PDECAT asegura que pactó con los abogados un calendario que se ha ido cumpliendo cada mes. “Hay algunos con los que liquidaremos en abril y otros en junio. Pero este año estará todo. Nuestro propósito es cumplir”.
Las facturas de la defensa han provocado severas estrecheces económicas al partido, lo que, en ocasiones, ha obligado a hacer algún sacrificio a los propios trabajadores.
Un diputado puigdemontista califica de “vergonzoso” que un asunto de esta clase “siga abierto”. Ninguno de los abogados afectados quiso ofrecer explicaciones públicas. Uno de ellos dijo no tener “ninguna queja” del trato recibido de su cliente, sin entrar en ningún detalle más. Uno de los abogados afectados por los retrasos es Francesc Homs, que fue conseller de Presidència con Artur Mas y que ejerció como coordinador jurídico de las defensas.
Los abogados fueron contratados a título personal por los imputados, pero el PDECAT asumió desde el inicio los costes del procedimiento, iniciado a fines del 2017 y que ha supuesto para algunos letrados una dedicación prácticamente exclusiva. Durante el juicio, celebrado en el Tribunal Supremo durante exactamente 120 días, entre el 12 de febrero y el 12 de junio de 2019, las defensas debieron trasladarse por completo a Madrid, con los costes en dietas que eso conlleva. Después, los recursos derivados de la situación penitenciaria de los condenados (la sentencia se conoció el 14 de octubre del 2019) no ha hecho sino encarecer los costes todavía más.
Y el horizonte no perdona: la perspectiva para todos ellos es acudir primero al Constitucional y después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Caso aparte es el del exconseller de Cultura Santi Vila, que está pagando su desafección a la causa: además de asumir en buena parte su defensa personalmente, fue abandonado por el Govern de Quim Torra. Por asumir las decisiones del propio ejecutivo en el caso de los bienes religiosos del monasterio de Sixena que reclamaba Aragón, debe reunir una fianza de 216.000 € (entre ahorros y la tasación de un piso propio) a cuenta de la fianza que le pide el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena por no haber devuelto (eso lo acordó el Govern) los bienes antes de que se pronunciase el Tribunal Supremo.