Una semana de incertidumbre
Informes del Govern avisan del “grave impacto en las garantías” del 14-F
¿Cuándo se celebrarán las elecciones catalanas? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidirá a finales de esta semana sobre el futuro del 14-F, pero la resolución puede no despejar la incertidumbre política del momento. El Govern tiene hasta el jueves a las diez de la mañana para presentar alegaciones y lo hará en base a tres informes de los servicios jurídicos, el departamento de Afers Exteriors i Relacions Institucionals, y la Agència de Salut Pública de Catalunya.
Los servicios jurídicos de la Generalitat determinaron el procedimiento a seguir basándose en los precedentes del País Vasco y Galicia y el dictamen de septiembre de la Comissió Jurídica Assessora. Se sostiene que la competencia para dejar sin efectos el 14-F es del president en funciones, Pere Aragonès, y que la terminología a emplear por razones de seguridad jurídica es la de “dejar sin efecto” y no suspender ni aplazar las elecciones.
Se acompaña con un informe de Salut de 50 páginas sobre el riesgo de contagio y el control de la pandemia, en el que se considera “plausible” que durante el mes de mayo se habrá conseguido un nivel de inmunización de la población más vulnerable y, “en consecuencia, las condiciones para celebrar elecciones pueden ser más propicias, con mayores garantías de protección de la salud colectiva” y con un “menor impacto de la covid”.
Un tercer documento de Exteriors recuerda que durante el 2020 se celebraron 155 elecciones y se suspendieron 96 y concluye que el escenario sanitario tendría un “grave impacto en las garantías democráticas del proceso”. En primer lugar, se asegura que no se puede controlar que la jornada electoral no se convierta en un escenario de contagio; y que la legitimidad del proceso estaría afectada. En este sentido, se asegura que “a pesar de que a nivel operativo se pudieran organizar las elecciones, no hay suficientes oportunidades para la deliberación, la creación de una opinión informada, y que las candidaturas no tendrán oportunidades suficientes para presentar sus programas y candidatos. “El resultado de las elecciones que pueda implantarse podría no tener suficiente fundamento para ser legítimo”, concluye.
La decisión del TSJC es de “extrema complejidad” –no sólo jurídica– y puede dibujar tres escenarios, según el abogado penalista Marc Molins: que el tribunal dé por válida la desconvocatoria del Govern y mantenga la expectativa del 30-M, que confirme el 14-F como jornada electoral, o que considere la decisión de aplazar lícita pero el decreto no. Molins considera que se ha actuado con “imprevisión” con un decreto que contiene “graves defectos” y manifiesta dudas, entre otras, sobre la atribución de competencias que se hace al vicepresident para convocar unas nuevas elecciones.
La decisión que tome el TSJC será excepcional, ya que la ley electoral española (Loreg) no regula cómo debe ser un decreto de suspensión de unos comicios. “Las leyes electorales de nuestro entorno no prevén que se aplacen o suspendan unas elecciones, y si se pudo hacer en el País Vasco y Galicia fue básicamente porque hubo consenso y nadie presentó recurso, al margen de que se justificara por la pandemia”, sostiene el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona Josep Maria Aguirre. De igual manera, la jurisdicción contenciosa no hubiera entrado de oficio a valorar la suspensión electoral en Catalunya si nadie la hubiera recurrido.
Aguirre apunta que el hecho de que el tribunal haya aceptado las cautelarísimas (medidas provisionales que se toman por razones de urgencia), algo excepcional tratándose de una actuación de una administración, indica que “ve un riesgo” en la adecuación del decreto de suspensión de la Generalitat. Con todo, añade, la clave estará en el principio de proporcionalidad aplicado al cambio de fecha. “El TSJC valorará si esta decisión es adecuada, necesaria e imprescindible y proporcional, si supone más beneficios al conjunto que limitaciones individuales”.
Para Joan Ridao, letrado mayor del Parlament y doctor de Derecho Constitucional , el TSJC ha hecho “lo que era esperable” ante una demanda de protección de derechos fundamentales, en este caso el derecho de sufragio, y consultará a las partes afectadas. “Todo gira en torno al principio de proporcionalidad, por lo que el Govern tendrá que sustentar su decisión con datos de contenido epidemiológico, hacer una motivación más amplia desde una perspectiva técnica, no tanto a partir de argumentos jurídicos, que ya están suficientemente expuestos en el decreto de suspensión del 14-F”.
La ley no prevé que se aplacen unas elecciones, pero hay juristas que defienden que en determinadas circunstancias se puede, apunta el profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra Josep Lluís Martí. “La Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) recomienda que las elecciones se tiene que hacer en condiciones de seguridad y que la ley electoral debe regular un aplazamiento. La Loreg no lo hace pero eso no significa que esté prohibido, sino que se requiere una causa de fuerza mayor”, subraya. Ante una baja participación el 14-F. Martí apunta que “las elecciones serán jurídicamente válidas, pero su legitimidad se vería lesionada”.
JOSEP MARIA AGUIRRE Las elecciones vascas y gallegas pudieron aplazarse básicamente porque hubo consenso y nadie presentó recurso”
JOAN RIDAO El Govern debe sustentar su decisión en datos epidemiológicos; la motivación jurídica ya está bien expuesta”
JOSEP LLUÍS MARTÍ Si hay baja participación el 14-F, los comicios serán válidos jurídicamente pero se verá lesionada su legitimidad”
MARC MOLINS No se puede atribuir al vicepresident la competencia de convocar, ni condicionarla a una deliberación del Govern”