El Gobierno advierte que Puigdemont quebró la ley
La portavoz de Moncloa enmienda al vicepresidente Iglesias
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, desató una tormenta política que no amaina, al equiparar la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido a Bruselas para eludir la acción de la justicia en España, con la de los exiliados republicanos tras la Guerra Civil. Una vinculación que igualmente indignó a los socialistas. Y ayer, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, replicó con contundencia al también líder de Unidas Podemos. “España es un Estado social y de derecho, y estamos ante una democracia plena. Los exiliados republicanos lucharon y defendieron la legalidad vigente, otros la quebrantan”, advirtió la socialista Montero, en referencia al expresidente catalán.
La ministra portavoz argumentó que “este Gobierno, desde el primer día, ha querido recuperar la dignidad de la defensa de los exiliados republicanos”. Y enumeró muchas de las iniciativas ya consumadas al respecto, desde la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos hasta la recuperación del pazo de Meirás, que seguía en manos de la familia del dictador, o la posibilidad de que los hijos y nietos de los exiliados puedan optar a la nacionalidad española, entre otras medidas. “Hemos trabajado con las asociaciones memorialistas para recuperar la dignidad de aquellos que defendieron la legalidad vigente y la democracia, y pusieron su vida y la de sus familias en peligro para defender la democracia y la igualdad de todos los españoles”, esgrimió Montero. Y destacó que la política de memoria democrática es una “seña de identidad” de este Gobierno.
La portavoz de la Moncloa rechazó el mensaje de Iglesias, y así lo advirtió ella misma para no dejar dudas. “Es una respuesta nítida, firme y clara, decir que España es una democracia plena y que los exiliados republicanos defendieron la legalidad y no la quebrantaron”, zanjó, al dar por hecho que Puigdemont sí vulneró la legalidad y luego se fugó de España para eludir sus responsabilidades judiciales.
Aunque, lejos de retractarse, Iglesias insistió ayer en mantener el pulso. Sí admitió que los
“contextos históricos” en los que se produjo el exilio republicano y el de Puigdemont fueron diferentes. Pero advirtió: “Soy hijo y nieto de represaliados por la dictadura y conozco bien el sufrimiento de las víctimas”. Y, por tanto, no aceptó “ni media lección de memoria republicana de los aliados de Vox ni de quienes protegen la corrupción de la monarquía”. Al tiempo, el vicepresidente del Gobierno subrayó: “No me voy a sumar a la criminalización del independentismo”.
La polémica fue en todo caso aprovechada por la consellera de Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó, que ayer resaltó las palabras de Iglesias: “Celebro que un vicepresidente del Gobierno del Estado español hable por vez primera de exiliados políticos, como es el caso del president Puigdemont”.
El líder de Podemos rechaza criminalizar al independentismo y Budó celebra que hable de “exiliados políticos”