Las antiguas sedes de CDC, en disputa

La Audiencia de Barcelona y una juez mercantil discrepan sobre cómo liquidar las sedes de CDC. Según la sentencia del caso del Palau de la Música, CDC debía reintegrar 6.676.105 euros que recibió por financiación irregular. A tal fin, se embargaron 22 sedes de la formación. En paralelo, el 8 de octubre del 2020, CDC presentó concurso de acreedores en el juzgado mercantil 9 de Barcelona, con una deuda de 4,3 millones de euros.

Y a partir de ahí, la polémica. En octubre pasado, la juez de lo mercantil dictó un auto en el que levantaba el embargo de las sedes (que están valoradas en 3.665.434 euros) y las incluía en el concurso de acreedores, con el fin de resarcir primero a los perjudicados que allí constan. Pero en noviembre, la Audiencia de Barcelona emitió otro auto en el que prohibía levantar los embargos –esta instancia tiene preferencia–, demorando así la decisión final hasta que se solucionara el conflicto de competencia, que aún no está resuelto y en el que tendrá que intervenir o el TSJC o el Supremo. O sea, que en estos momentos hay dos instancias disputándose quién tiene derecho a hacerse con las sedes de CDC, uno en un proceso mercantil, en el que los beneficiados serían el Banco de Santander y Hacienda, y otro en uno penal, en el que el dinero serviría para pagar al Palau de la Música y a Hacienda.