El TSJC y las elecciones catalanas
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estimó ayer los recursos de un particular y de la plataforma Izquierda en Positivo, y suspendió el decreto del Govern que dejaba sin efecto la convocatoria de las autonómicas catalanas previstas para el 14-F. Se trata de una suspensión provisional. El Govern puede presentar hasta el jueves alegaciones a los recursos valorados por el TSJC. Pero, de momento, ha decaído la fecha alternativa del 30 de mayo propuesta desde la Generalitat y hemos vuelto a lo establecido en el decreto del 21 de diciembre, que disolvía el Parlament y fijaba el 14 de febrero como fecha para las autonómicas. La decisión del TSJC (que tiene sobre la mesa otros recursos, de agrupaciones como Lliga Democràtica o Federalistes d’esquerres) obliga a poner de nuevo en marcha la maquinaria preparatoria de las elecciones en febrero, incluido el sorteo de los miembros de las mesas.
Esta decisión del TSJC, al estimar los citados recursos, pone en cuestión la manera de proceder del Govern. Un decreto impecable hubiera dificultado más, y acaso impedido, la admisión de los recursos. Por otra parte, viene a recordarnos, innecesariamente, que Catalunya vive instalada en la provisionalidad, y que sus autoridades no consideran urgente conducirla a una fase de mayor estabilidad.
No vamos a extendernos ahora sobre lo que ya es bien sabido: que el president Torra dio la legislatura por agotada hace un año, pese a lo cual no tuvo la menor prisa para convocar elecciones; tanto fue así que esperó a que lo inhabilitaran y a que se activara el imperativo legal previsto en tal caso para fijar una convocatoria electoral. Tampoco nos extenderemos respecto a que al suspender –que no posponer– las elecciones, y reservarse la elección de la fecha para la próxima convocatoria, el Govern en funciones se daba a sí mismo un margen de discrecionalidad que algunos creen discutible.
Dicho esto, creemos oportuno añadir, como ya sostuvimos en anteriores editoriales, que a Catalunya le conviene celebrar elecciones cuanto antes. Los motivos para ello están a la vista de todos. Vivimos en una emergencia económica sin precedentes, derivada de los estragos de la pandemia; una emergencia que ha mostrado ya sus efectos, como han podido experimentar en carne propia tantos catalanes, y que puede agravarse. ¿Cómo se afronta esta situación? Pues sin un Govern fuerte capaz de proponer un proyecto de veras integrador, sin pulso legislativo, sin presupuestos para este año –hace un decenio que la Generalitat no los aprueba a tiempo– y dando la impresión de que a tal Govern le parece plausible alargar esta debilidad varios meses más. Como si alguien pudiera estar cómodo en una crisis continua.
Aunque abundan los indicios de que el pase de las elecciones del 14-F al 30-M, ahora en suspenso, tenía causas relacionadas con el cálculo político, desde el Govern se ha afirmado siempre que el motivo era la pandemia y sus posibles consecuencias para la salud pública. Una pandemia que por cierto, en los últimos diez meses, ha causado ya más de 18.000 muertos en Catalunya, donde hoy siguen abiertos, con restricciones, comercios, restaurantes o cines. En esta circunstancia, no se trata, claro está, de correr riesgos innecesarios. Pero tampoco podemos soslayar que, si bien se algunos países se han suspendido elecciones, en otros como EE.UU. y Francia se han llevado a cabo, o que el próximo domingo las habrá en Portugal, y en marzo en los Países Bajos. En estos países se han establecido o previsto medidas para votar reduciendo los riesgos que comporta la interacción social. Aquí, no. O no en grado suficiente.
Acabaremos subrayando que, por más que muchos presenten el pretendido –y ahora cuestionado– traslado electoral a mayo como favorable para unos o dañino para otros, en realidad tiene efectos negativos para el conjunto de Catalunya.
Al estimar dos recursos, el tribunal cuestiona la manera de proceder del Govern