Reformas impuestas
Ha llegado la hora de la verdad. El Gobierno de coalición tiene que enfrentarse a un intenso proceso reformista si quiere recibir los 70.000 millones de euros procedentes de la Unión Europa para reconstruir la economía tras la pandemia.
Sin embargo, la vocación reformista del Gobierno de coalición es mínima por no decir inexistente. Lo que realmente le habría gustado hacer a Pedro Sánchez y, sobre todo a Pablo Iglesias, es la contrarreforma. Esto es, revertir las medidas adoptadas por el Gobierno del PP durante el mandato de Mariano Rajoy para sacar a España de la Gran Recesión. Dichas medidas, dirigidas a controlar el gasto de las pensiones, a disminuir el poder sindical en la negociación colectiva, a limitar el gasto y a reducir déficit público, fueron la contrapartida impuesta por la Comisión Europea. Los hombres de negro vigilaron mes a mes que tales exigencias se cumplían como condición sine qua non para financiar los créditos de 100.000 millones de euros que hicieron posible el rescate financiero.
Una década después la historia se repite. España vuelve a necesitar la ayuda europea para salir de la crisis económica provocada por la Covid-19. En esta ocasión Bruselas no ha impuesto un MOU (Memorandum of Understanding) como hizo entonces, pero las exigencias siguen siendo las mismas: recortar el gasto en pensiones; flexibilizar el mercado laboral; y contener el déficit público
El presidente Pedro Sánchez se encuentra entre dos fuegos: Bruselas y sus socios de Unidas Podemos
estructural. Todo esto es exactamente lo que el Ejecutivo prometió a sus votantes, y a los sindicatos, que no haría jamás y por si fuera poco se comprometió a desmontarlo.
No hay que olvidar que la primera promesa de enjundia que hizo Pedro Sánchez en noviembre de 2014 fue revertir la reforma constitucional del artículo 135. Había sido pactada en 2011 por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con Rajoy como jefe de la oposición para limitar el crecimiento del déficit público y dar prioridad de cobro a los tenedores de deuda española frente a los pensionistas. Aquella reforma se hizo para evitar el crack financiero de España y garantizar que el Banco Central Europeo mantuviera su financiación.
Posteriormente Sánchez prometió revertir la reforma laboral, tal y como exigían los sindicatos. Pero su gran compromiso fue cargarse el coeficiente de sostenibilidad que referenciaba la subida de las pensiones a la situación financiera del país y volver a ligar la subida de las pensiones al IPC.
Cuando llegó a La Moncloa tras la moción de censura, Sánchez comprendió que no podría cumplir ninguna de tales promesas. Esto permitió a Iglesias arrebatarle la bandera y pactar con los sindicatos una acción conjunta, con movilizaciones y huelgas incluidas, si el Gobierno no cumplía.
Ahora Sánchez se encuentra entre dos fuegos: Bruselas y sus socios. Inevitablemente se van a intensificar las tensiones entre Iglesias y Nadia Calviño. Es la crónica de una muerte anunciada. Al presidente no le queda más remedio que doblegarse ante la Comisión Europea, porque el que paga manda.