Una nueva decisión judicial aboca a elecciones el 14-F
El Govern espera a conocer hoy los argumentos del TSJC para decidir cuál es su próximo paso sobre la convocatoria El tribunal inhabilita por desobediencia el 1-O al conseller que organiza los comicios
Vuelve a ser cautelar y provisional. Pero la nueva decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantener las elecciones el 14-F supone un nuevo revés para el Govern, de momento el segundo en tres días. La resolución llegó poco después de que ayer a primera hora de la mañana el Govern hubiera presentado sus alegaciones en defensa del aplazamiento de la cita electoral al 30-M, que de momento han caído en saco roto. La situación queda ahora a la espera del pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la cuestión, que el tribunal se ha comprometido a tener listo antes del 8 de febrero. O lo que es lo mismo, en plena campaña electoral.
Por si estos ingredientes no eran suficientes para configurar por sí solos un panorama político en Catalunya todavía más sumido en el surrealismo de lo que ya lo ha estado durante todo el mandato, el mismo TSJC inhabilitó horas antes al conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé –el encargado de organizar las elecciones–, por su papel en el 1-O cuando era alcalde de Agramunt. Ante todo ello no es de extrañar que el Govern reaccionara poniendo el grito en el cielo y cargara con dureza contra la “irresponsabilidad” del tribunal. Y mientras, el CIS tomaba también cartas en el asunto y situaba al PSC como ganador de los comicios si se celebran el 14-F gracias al llamado efecto Illa, el efecto del ministro de Sanidad y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa. Un cóctel que pronostica un final de la legislaunos tura a la altura política de lo que ha sido todo el mandato.
Y es que en este estado de incertidumbre podría producirse una situación insólita en la que hubiera partidos haciendo campaña para unas elecciones que se pospondrían o electores que habrían votado por correo para unos comicios que no se llevarían a cabo si al final el TSJC, antes del 8 de febrero, volviera a alterar los planes del Govern –al que ahora no le ha quedado más remedio que activar de nuevo toda la maquinaria del 14-F– y optara por dar por bueno el aplazamiento. Un supuesto que, además, podría tener consecuencias económicas nefastas, porque a esas alturas ya se habrían ejecutado aproximadamente 30 millones del total de 37 millones que cuestan las elecciones. De los 30 millones gastados, el Govern calcula que solo serían recuperables cinco, sobre todo las cantidades destinadas al material anticovid, lo que en la práctica podría representar que 25 se perderían. “Un desastre económico”, señalan fuentes del Govern. De momento, el tribunal ratificó la suspensión cautelar del decreto firmado hace una semana por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que pospone los comicios al 30-M. Los jueces estimaron las medidas cautelares reclamadas por un particular y cuatro formaciones que solicitaron paralizar el aplazamiento y continuar con el calendario electoral fijado.
En todo caso, el TSJC ayer solo anticipó el fallo y hoy dará a conocer el contenido íntegro de su resolución, en la que expondrá los nuevos argumentos en los que fundamenta su decisión y que permitirán al Govern aclarar si existe todavía margen de maniobra para una prórroga electoral o deberá resignarse a seguir con los preparativos del 14-F. Y la decisión definitiva aún tardará, porque, a pesar de haber recortado plazos, el tribunal se fija el tope del 8 de febrero para decidir, cuando los partidos estarán en plena campaña electoral. De manera que o notifica su sentencia final antes del inicio de la campaña o la celebración de los comicios el 14-F parece bastante inevitable.
ANTES DEL 8 DE FEBRERO
El pronunciamiento definitivo de los jueces llegará en plena campaña electoral
REPERCUSIÓN ECONÓMICA
Un nuevo cambio de escenario podría implicar unas pérdidas de 25 millones
La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestimó las alegaciones presentadas por el Govern en un documento de 50 páginas, que iba acompañado de los informes jurídicos, sanitarios y electorales en los que ha basado el decreto de aplazamiento de los comicios. Un decreto que, a pesar del rechazo por parte del tribunal, no piensa rehacer, como han planteado algunas formaciones –Cs entre ellas–, al considerar que jurídicamente está bien argumentado, aunque haya quien piense lo contrario. “El Govern no se plantea ni un nuevo decreto ni una nueva fecha electoral que no sea la fijada”, zanjó en referencia al 30 de mayo la consellera de Justícia, Ester Capella, al defender la validez del decreto.
El Govern se mantuvo inflexible en su posición y esta vez intentó cerrar filas en contra de la decisión y lo hizo con una puesta en escena con varios consellers, encabezados por Aragonès y la titular de Presidència, Meritxell Budó, en el Pati de Carruatges del Palau de la Generalitat. Un escenario en el que el vicepresidente del Govern lamentó la “irresponsabilidad” del tribunal y censuró que “obligue a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud”. La misma idea fue remachada por Budó, que criticó la “injerencia externa en la vida política e institucional de un país democrático” que supone la posición del TSJC, que “pone en riesgo no solo la salud de los votantes, sino también el proceso electoral”, al alterarse los procedimientos reglados.
Jxcat y ERC, y en este caso también la CUP, rechazaron igualmente que los tribunales “quieran interferir en la democracia” y señalaron a Illa para que sea él quien explique el impacto sanitario de votar el 14-F en una situación que consideran “grave”. Un ministro de Sanidad que se está convirtiendo en el centro de las críticas de sus adversarios, porque le ven cada vez más como el enemigo a batir, y que dejará el cargo la próxima semana, de acuerdo con su compromiso de hacerlo antes de que empezara la campaña electoral, como recordó el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Y ello obligará a Pedro Sánchez a retocar el Gabinete.
La posición del Govern es contraria a la de la Fiscalía –la otra parte a la que el TSJC ha pedido un pronunciamiento–, que
RÉPLICA TAJANTE
Aragonès rechaza que el tribunal “obligue a escoger” entre el voto y la salud
DECISIÓN FIRME
El Govern no prevé ni un nuevo decreto ni una nueva fecha de las elecciones
respalda la decisión del tribunal y ve con buenos ojos la suspensión del decreto que aplazaba los comicios para tener margen de maniobra. La consecuencia práctica es que, de momento, las elecciones están convocadas, provisionalmente, para el 14-F, lo que implica que la campaña electoral comenzará a las 0.00 horas del viernes de la próxima semana. Y a partir de aquí la incógnita se mantendrá hasta que el TSJC diga la última palabra.