Aún hay jueces en Berlín… y en Catalunya

Federico el Grande, que reinó en Prusia entre 1740 y 1786, construyó cerca de Berlín un magnífico palacio donde pasar los veranos y llevar a cabo su afición a la caza, palacio al que puso el nombre de Sanssouci. La existencia de un molino cerca del palacio perjudicaba sus vistas y ahuyentaba a los animales que quería cazar, por lo que decidió ofrecer la compra al molinero. Al negarse este a vender, Federico el Grande le hizo saber que procedería sin más a destruir el molino. Cuando el molinero le dijo que no podía actuar de este modo, el emperador le señaló despectivamente la dirección hacia Berlín diciéndole: “Aún hay jueces en Berlín”. El molinero acudió a Berlín y los jueces impidieron el derribo del molino.

Esta conocida historia, o fábula, es considerada un primer exponente de la sujeción del poder al control de los tribunales, lo que en los países occidentales ha supuesto la construcción del Estado de derecho, la base de nuestra democracia. Los ciudadanos tienen en el poder judicial la garantía de sus libertades.

Pues bien, esa historia me ha venido a la memoria al ver las reacciones de algunos partidos y políticos independentistas catalanes al auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por el que ha decidido dejar en suspenso el decreto 1/2021 del vicepresidente de la Generalitat. Decreto por el que se dejan sin efecto las elecciones convocadas para el 14 de febrero, estableciéndose de forma poco precisa que se convocarán para que tengan lugar el 30 de mayo. Auto que, de forma incomprensible, ha sido calificado de ataque a la democracia.

No voy a entrar a enjuiciar ahora la validez o no del decreto, ni la posibilidad o no de suspender cautelarmente su eficacia por el tribunal. Son cuestiones, sin duda, jurídicamente discutibles, sobre las que ya se están ofreciendo muchas interpretaciones que considerar.

Pero lo que sí es cierto, aquello sobre lo que no hay duda, es que las reacciones de partidos y políticos independentistas descalificando a los recurrentes y acusando al tribunal de ser el brazo ejecutor de una decisión de otros partidos políticos es totalmente inadmisible. Negar a los ciudadanos, partidos y asociaciones el derecho a acudir a los tribunales en defensa de un derecho que estiman que el Gobierno de la Generalitat les ha vulnerado, es negar las bases del sistema democrático, es pretender ejercer el poder de forma totalitaria, sin control. De forma particular cuando el derecho cuya protección se reclama es el de ejercer el derecho de voto. Es querer actuar como el soberano de Prusia, y esto sí es un ataque a la democracia.

Igualmente es muy grave tratar de deslegitimar al poder judicial acusándolo de ejecutar una decisión política impulsada desde el Gobierno central. Esta estrategia no tiene otro fin que tratar de acabar con quien puede controlar el ejercicio del propio poder, un poder que se quiere sea absoluto, dejando a los ciudadanos indefensos. Los magistrados y magistradas que han dictado el auto son profesionales de la justicia de reconocido prestigio e independencia.

Al escribir este artículo no sé cuál será la decisión final del tribunal. Ya tendremos tiempo de analizarla en términos jurídicos. En todo caso, se habrá dictado legítimamente en ejercicio del poder que un Estado de derecho otorga al poder judicial, y en virtud de los recursos planteados por quienes también legítimamente han hecho uso de su derecho de defensa.

Cuando finalmente se celebren las elecciones, los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya deberán tratar de evitar dar el poder a quien pretende negarles sus derechos de defensa. Mientras tanto, podemos seguir confiando en que aún hay jueces en Catalunya.

Negar a los ciudadanos el derecho a acudir a los tribunales es negar las bases del sistema democrático