Deriva deslegitimadora

Parece ya muy probable que las próximas elecciones catalanas se celebren, finalmente, el 14 de febrero. Ayer a mediodía, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratificó la suspensión cautelar del aplazamiento de estas autonómicas al 30 de mayo. El pasado día 15, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, había firmado un decreto por el que llevaba a mayo dichos comicios, aduciendo los riesgos que puede entrañar votar en la pandemia. El martes, atendiendo a recursos contra este decreto de un particular y de varias plataformas, el TSJC suspendió el decreto de la Generalitat, por lo que las elecciones volvían al 14-F. Y ayer, tras analizar las alegaciones del Govern contra los recursos, se ratificó en su decisión. Este tribunal no dará a conocer hasta el 8 de febrero su resolución sobre el fondo de la cuestión. Pero todo indica que, para entonces, a una semana de las elecciones y en plena campaña, sería ya muy tarde para detener el proceso. Es más, los partidos independentistas, enfadados y críticos con la decisión del TSJC, anunciaron ayer que estaban en condiciones de iniciar la campaña, el próximo día 29.

También ayer, el TSJC hizo pública la condena por desobediencia de Bernat Solé, actual conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que siendo alcalde de Agramunt participó activamente en la organización del referéndum del 1-O, contraviniendo las indicaciones del Tribunal Constitucional, expuestas en una notificación personal, sobre lo que podía hacer, y lo que no, en aquella ocasión.

Si la decisión del martes del TSJC ya fue recibida en la esfera independentista con protestas generalizadas, la de ayer no fue menos. Respecto a la condena por desobediencia de Solé, la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, dijo que se trataba de “una venganza”. Y especificó: “Votos contra togas. Urnas contra venganza. Democracia contra represión”, estableciendo una capciosa serie de oposiciones.

Hemos dicho en anteriores ocasiones que la situación actual de Catalunya hace urgente la celebración de elecciones. Y que la fecha del 14-F, siendo la más próxima barajada, nos parecía oportuna. Es una cuestión de lógica. El expresident Torra admitió hace un año que la legislatura estaba agotada (pero no mostró prisa para remediar la situación). Desde entonces, en plena pandemia, un Govern cuyos miembros se pelean sin decoro, de continuo y en público, ha ido dando pruebas de su fatiga y limitado rendimiento. En tal situación, un nuevo aplazamiento –de tres meses y medio– nos parecía un error, propio de quien no advierte la gravedad del momento.

Pero, más allá del debate sobre la fecha electoral, queremos llamar la atención sobre esa deriva populista, deslegitimadora, tan extendida entre el independentismo, que presenta toda decisión judicial contraria a sus intereses como el reflejo de una malvada conjura de los poderes estatales. Como si tales poderes, en lugar de operar independientemente, formaran parte de un único magma, siempre obediente al dictado gubernamental. Y como si el origen de sus sentencias fuera ajeno a los delitos que se juzgan en los tribunales.

Calificar una y otra vez la acción de la justicia como la expresión de un interés político equivale a menudo a incurrir, además de en una falsedad, en terreno minado. Corresponde a la justicia dictar sentencia sobre toda vulneración de la ley, incluyendo las que pudo haber en el Parlament en el 2017 o durante el 1-O. Y corresponde, en este caso, al TSJC proteger los derechos de los ciudadanos que presentaron recurso ante el aplazamiento electoral del Govern, sopesar sus razones y fallar luego según su legítima interpretación de la ley. La democracia no se fortalece con soflamas de partido, sino respetando la ley que a todos nos atañe. Una ley que no es inmutable y puede cambiarse. Pero no sin el debido consenso.

Enfado independentista con el TSJC, después de que atendiera los recursos

en favor del 14-F