Ciberataques a los ayuntamientos

Los ayuntamientos se suman a la lista de objetivos de la ciberdelincuencia, al igual que lo han sido también los hospitales, y lo siguen siendo también la multitud de pequeñas y medianas empresas del país. Es tal el daño que puede hacer el encriptado de la información, o el mero robo de datos, que a muchas empresas e instituciones –aunque no es lo que recomiendan los expertos– les puede salir más barato pagar el precio que exigen los piratas informáticos para restablecer el funcionamiento de los sistemas y ordenadores. De ahí que el negocio de los ciberdelincuentes, a base de chantajes, vaya al alza y sus redes de actuación sean cada vez más potentes y soportadas por organizaciones mafiosas internacionales.

Las grandes empresas y grandes instituciones, tanto públicas como privadas, hace ya tiempo que han adoptado medidas de protección cada vez más sofisticadas, a la altura de las amenazas existentes. Pero, ni aun así, están libres de ataques, como se comprueba cada día en cualquier parte del mundo.

El riesgo de sufrir un ataque informático es muy elevado hoy en día para todos, especialmente para los que menos se protegen. Cualquier organización, por pequeña que sea, e incluso los propios particulares, deberían contemplar la inversión en medidas de ciberseguridad como un gasto fijo, al igual que lo es el seguro de robo o de incendio. Es fundamental, en este sentido, disponer de una adecuada protección informática y, asimismo, de la formación necesaria para poder detectar a tiempo las amenazas.

Los ayuntamientos, tanto los catalanes como los del resto de España, quizás han estado demasiado confiados. ¿Quién iba a pensar que podían ser objeto de un ataque informático? Pero lo cierto es que son un objetivo ideal para los ciberdelincuentes: disponen de muchas vías de entrada a sus sistemas informáticos y, por tanto, son muy vulnerables, y además tienen dinero para hacer frente a los eventuales chantajes que puedan sufrir. En Catalunya más de veinte ayuntamientos, tanto pequeños como medianos, han sido objeto de ataques informáticos en el último año. Es necesario y urgente hacer frente a esta nueva ofensiva iniciada por los ciberdelincuentes porque el bloqueo informático de un ayuntamiento, o el robo de información, puede paralizar la actividad administrativa de un municipio y afectar directamente a los ciudadanos de múltiples formas.

Todos los ayuntamientos deberían disponer de los adecuados sistemas de ciberseguridad, o bien actualizar los existentes, así como formar a los funcionarios que dispongan de una terminal informática, para prevenir riesgos. La Generalitat de Catalunya o las diputaciones provinciales, en este sentido, deberían establecer los medios de soporte tecnológico necesarios, ya que muchos ayuntamientos, por su dimensión, no disponen de la capacidad técnica suficiente. Ante nuevas amenazas hay que arbitrar nuevas soluciones.

Las instituciones municipales deben disponer de sistemas de protección adecuados