Emergencia en Ciutat Vella
El título de esta columna, perfectamente puede servir para un barrio o distrito de Madrid, Málaga... Sevilla, València o de cualquier ciudad europea. La pandemia ha sacado a la luz graves problemas estructurales económicos y sociales, conocidos desde hace décadas, pero que las administraciones nunca se han atrevido a abordar precisamente por su alto grado de complejidad y la necesidad de diseñar un plan y una gran inversión a años vista y no de carácter cortoplacista como acostumbran a desarrollar los ayuntamientos. En Ciutat Vella, cansados de estas políticas de remiendos y de corto recorrido, los vecinos han lanzado un SOS, un grito de auxilio ante una crisis sin precedentes de la que se está a punto de cumplir un año y que ha llevado al cierre a cientos de comercios y restaurantes, agravando la situación en la que viven muchos de sus residentes.
Quince entidades vecinales enviaron en junio pasado una carta al Ayuntamiento para mostrar su preocupación por la deriva que estaba tomando el distrito. La respuesta del equipo de gobierno ha llegado ahora, cuatro meses después, según denuncian las asociaciones, con un documento plagado de verbos vacíos de contenido: “impulsar”, “fomentar”, “promover”, “reforzar”, “consolidar”... y con pocas o casi ninguna iniciativa concreta que les permita vislumbrar el futuro con cierta esperanza. Eso sí, han conseguido rascar 2,5 millones de euros
Los vecinos acusan a la concejalía de sentirse más “cómoda haciendo de vecino exigente que gobernando”
y que se incorporen siete profesionales de diferentes perfiles para desarrollar un plan que rescata propuestas aprobadas hace años, como la transformación de los antiguos juzgados de Via Laietana 8-10 en viviendas protegidas, anunciada en el 2017.
La respuesta municipal, por vacua, ha dejado perplejos a los vecinos, que acusan a la concejalía de sentirse más “cómoda haciendo de vecino exigente que gobernando”. Ciutat Vella quizás sea uno de los distritos más complicados de gobernar de la ciudad. Es uno de los más combativos, con un tejido vecinal más que movilizado que ha sido motivo de terror para algún que otro alcalde que no se atrevía ni a pasear por sus calles temeroso de la reacción de sus vecinos. También es el lugar con una mayor fragilidad social, cuya salvaguarda depende de la cintura política y del acierto de las políticas que se deben aplicar, pero que necesita una dirección fuerte que aporte soluciones y recursos económicos. Sí, se necesita más inversión.
Sin duda es un escenario oscuro el que se le presenta para los próximos años a esta zona de la ciudad. De ahí que resulte decepcionante que el Ayuntamiento dimita de planes prometidos y que ya se habían iniciado como la reforma de la Rambla, que aún no dispone de calendario y mucho menos de partida económica. ¿A qué esperan? ¿Cuántas vueltas más hay que darle al proyecto para ejecutarlo de una vez? Pueden enredarse en todos los procesos participativos que quieran, el último con la voluntad de recuperar la vida vecinal, pero si no actúan en la Rambla difícilmente los barceloneses querrán vivir allí.