Reaparece el debate
Font insiste con el voto electrónico pero club y gestora recelan
El 6 de octubre del 2019, coincidiendo con la celebración de la asamblea de compromisarios del FC Barcelona, apareció en escena el entonces aspirante a la presidencia blaugrana, Víctor Font, partidario de incluir el voto electrónico en el funcionamiento de la entidad. Con 359 votos a favor, 173 en contra y 67 en blanco, la decisión fue rechazada al requerir por estatutos para su aprobación de dos terceras partes de los socios compromisarios. Font se quedó a 58 votos de conseguir introducir esta tecnología, que ahora vuelve a escena con más fuerza a raíz de la complicada situación sanitaria que impide que las elecciones a la presidencia se puedan celebrar en el Camp Nou y en día de partido tal y como indican los estatutos.
Por aquel entonces, la directiva, que a través de su secretaria Maria Teixidor realizó un discurso crítico de la propuesta, votó finalmente a favor. Ahora la gestora liderada por Carles Tusquets sigue sin ver clara esta opción. En primer lugar porque la Generalitat aprobó el decreto ley que permite la modificación de la Llei de l’esport para autorizar el voto por correo, pero esta modificación legislativa no contempla que el sistema de votación telemático sea posible para procesos electorales ya iniciados, como es el caso de las elecciones del Barcelona.
Aun así, fuentes de la Generalitat aseguran que si el Barça lo solicitara de mutuo acuerdo con los candidatos se podría plantear. Laporta está a favor siempre que se garantice una fiabilidad total y Freixa dice no tener claro el funcionamiento del sistema ni su seguridad, mientras que Font, que entregó tras la última reunión con la gestora un informe con distintos métodos explicando cómo se podría implantar, defiende su uso y que estaría listo para el 7 de marzo. Sin embargo, el equipo ejecutivo responsable del área social del club insiste en que sería necesario organizar una comisión técnica y de garantías, hacer los estudios pertinentes para evitar errores y aprobar el sistema en la asamblea ya que fue tumbado en su día, es decir, la última palabra de los socios fue negativa. Según estas mismas fuentes el proceso implicaría unos seis meses.