Cristina Cifuentes
Expresidenta madrileña
Cristina Cifuentes reconoce que no fue a clase y que no tuvo que hacer ningún examen ni trabajo final para aprobar su máster a medida y culpa a la Universidad Rey Juan Carlos por las firmas falsificadas que aparecen en el acta.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes reconoció ayer en sede judicial que su polémico máster fue un título a medida: ni tuvo que asistir a clase de manera presencial, ni habló en todo el curso con ninguno de sus profesores, ni se presentó a los exámenes porque estos fueron sustituidos por trabajos de los que no queda rastro. Tampoco tuvo que defender su supuesto trabajo final de máster: con presentar “unas líneas generales” en un despacho fue suficiente. Todo esto le sirvió para obtener el título. “¿Quién le traslada todas esas facilidades?”, le preguntó la fiscal. “Solo tenía comunicación con (Enrique) Álvarez Conde”, respondió la acusada. El catedrático, que era director del Instituto de Derecho Público y que fue considerado por la juez instructora “cerebro” de la trama, murió en el 2019 en plena investigación del caso.
La primera parte del interrogatorio a Cifuentes se centró en esas “facilidades”, pero el tribunal lo que está enjuiciando es la presunta falsificación de las actas del trabajo final de máster. Unos documentos que fueron manipulados por la directora del máster, tal y como ella reconoció, tras recibir amenazas de muerte. En concreto, la expresidenta está acusada por inducir a falsear esas actas, por lo que la Fiscalía le pide tres años y tres meses de prisión.
“Hice el máster y no pedí a nadie que falsificara las actas. No lo necesitaba, tenía mi título que acreditaba que había cursado el máster”. Con estas declaraciones, la exlíder del Partido Popular en Madrid pretendió, en su defensa, deslizar toda la responsabilidad de la falsificación de las actas en la Universidad Rey Juan Carlos.
Según su versión de los hechos, cuando saltó el escándalo del máster, no estaba “para nada preocupada” y se limitó a pedir a su gabinete que hablase con la universidad pública para que recabaran “todos los argumentos acreditativos”: el título, una copia de la matrícula y pago de esta y una certifidespués cación de notas con las 12 asignaturas y el TFM.
Pero cuando llegaron los documentos desde la secretaría de la universidad, había uno –siempre según su relato– que no había reclamado: el acta de defensa del trabajo final que había sido manipulado. Sin embargo, Cifuentes le dio valor a ese certificado y lo mostró públicamente en un vídeo horas de recibirlo para “demostrar la falsedad de la acusación”: “No me voy, me quedo”. Un mes más tarde acabaría dimitiendo.
“¿Por qué exhibió el acta?, le preguntó la fiscal. “Es una documentación que me manda la universidad con lo otro. No me pude plantear, en ningún momento, que hubiese una firma falsificada. Creo que actué de buena fe. La buena fe se presumía a la universidad”, respondió Cifuentes.
En realidad, en el acta no había “un firma falsificada”, sino que eran tres: la de la directora del máster, autora material reconocida de la manipulación, más las de las profesoras Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Las dos últimas declararon ayer tras la expresidenta en calidad de testigos.
Una profesora a la que falsearon su firma dice en calidad de testigo no estar dispuesta a “sostener esa mentira”
Souto confirmó que nunca formó parte del tribunal fantasma, ni tampoco estuvo en el despacho donde supuestamente Cifuentes hizo entrega de su TFM. Además, afirmó que Álvarez Conde le comentó que había recibido presiones desde el “ámbito político” para encontrar una solución.
Por su parte, López de los Mozos advirtió, visiblemente nerviosa, que ella no iba “a sostener esa mentira”, en referencia a que tampoco formó parte del tribunal, como recoge la polémica acta, y falsificaron su firma para el documento. “Estaba en shock porque no entendía por qué nos estaban llevando por esa vía. Pedí la baja por ansiedad”, recordó.