Los inmobiliarios, contra el freno a desahuciar okupas
El Gobierno les da cobertura legal por el estado de alarma
Las asociaciones inmobiliarias de promotores y propietarios mostraron ayer su rechazo a la decisión del Gobierno que permite paralizar los desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente mientras dure el estado de alarma (inicialmente hasta el 9 de mayo), cuando entre los ocupantes haya personas vulnerables.
El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles una modificación del real decreto del pasado diciembre que paraliza los desahucios, de manera que, a juicio de la Asociación de Promotores Constructores de España (Apcespaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), da cobertura legal a la ocupación de viviendas. El real decreto ha de ser convalidado por el Congreso.
El nuevo texto del decreto habilita al juez a suspender los desalojos de viviendas “en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello”. El nuevo texto solo prohibe continuar en la vivienda “cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”, una situación poco frecuente, ya que la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías.
Según promotores y propietarios, la modificación de este decreto “sin previo aviso, tan sólo tres semanas después de la aprobación del decreto original, es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal” y “convierte a España en una excepción dentro de Europa, al amparar este fenómeno ilegal”.
Las asociaciones reconocieron que en la actual crisis sanitaria “son necesarias medidas extraordinarias que contribuyan a aminorar el impacto de la pandemia sobre la sociedad” pero reclaman “que mantengan un equilibrio entre la protección frente a la vulnerabilidad y la garantía de los derechos de los arrendadores”. “No se debe confundir la necesaria protección de los vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración pública a la ocupación ilegal”, señalaron, y pidieron al Congreso que no convalide el decreto o que lo tramite como proyecto de ley para modificarlo.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recordaron que el nuevo texto solo permitirá continuar en el inmuebles a los okupas (quienes están en un procedimiento penal) que forman parte de colectivos vulnerables: que haya personas que sean víctimas de violencia de género, que tengan menores a su cargo o dependientes, o que sean dependientes. La paralización del desahucio, además, queda en manos del juez.
La norma, sin embargo, especifica que se permite el desalojo cuando la okupación “se haya producido en un inmueble propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada”.
El decreto permite al juez no desahuciar a los ocupantes ilegales si entre ellos hay personas vulnerables