La reforma de las pensiones está totalmente abierta
El pacto con Bruselas y la prolongación de la crisis enmarcan la política económica
El Gobierno mantiene abiertas todas las opciones para la reforma de las pensiones, a la espera del momento de presentar una propuesta firme a la Comisión Europea.
Si alguien pensaba que la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este año iba a cerrar el expediente de las tensiones internas del Gobierno a cuenta de la política económica, estos días habrá salido del ensueño. La reforma de las pensiones ha desatado una primera sacudida. El alargamiento de la crisis económica a causa de la permanencia de la pandemia augura que habrá nuevos episodios de tensión.
Esta primera fase de divergencias se ha saldado con una declaración de intenciones remitida a Bruselas, mientras José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones continúa estudiando los diferentes escenarios antes de formular una propuesta firme de reforma de las pensiones. Y no hay ninguna decisión tomada.
Como es sabido, el Gobierno debe presentar a Bruselas un plan de reformas vinculado al acceso a los Fondos Next Generation, los recursos destinados a modernizar la economía e impulsar la salida de la crisis causada por la pandemia. Las dos reformas de más calado son las de las pensiones y la del mercado laboral.
En el primer punto, la filtración de un documento en el que se incluía la propuesta de alargar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de las nuevas pensiones de jubilación, lo que supondría una reducción del 6,3% de las nuevas pensiones en el año 2050, desató las hostilidades.
Contra la idea se pronunciaron Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos sociales y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. También Josep Maria Álvarez y Unai Sordo, responsables de UGT y CC.OO. respectivamente. Estos ministros y los sindicalistas reprocharon a Escrivá no haber presentado su propuesta en la mesa de diálogo social. La CEOE, representante de los empresarios, no se ha pronunciado.
Escrivá. por su parte, se ha desmarcado también de esa supuesta propuesta y ha señalado que circulan muchos borradores con propuestas de todo tipo. La posición formal del ministerio es que están estudiando muchas propuestas y cálculos para aplicar los acuerdos del Pacto de Toledo. Las mismas fuentes subrayan que el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las pensiones queda de manifiesto con la aportación de 14.000 millones desde los presupuestos para asumir los gastos impropios de la Seguridad Social.
Al final, todos los sectores del Gobierno implicados admiten que el debate queda pendiente y debe cerrase en el transcurso de poco más de un mes, cuando Escrivá envíe una propuesta con las líneas maestras de la reforma a Bruselas. Más consenso se ha alcanzado en la reforma del mercado de trabajo, pues el documento enviado a la Comisión recoge casi literalmente gran parte de lo pactado en el acuerdo del gobierno de coalición, aunque con divergencias sobre las posibilidades de descuelgue de las empresas de los convenios de sector. Se descarta, en cualquier caso, una derogación de la reforma del PP.
Volviendo al asunto de las pensiones, el Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, defiende que hay que asegurar su sostenibilidad y que la propuesta ha de ser aceptada por la Comisión Europea.
Desde los ministerios más cercanos al área de Podemos, por su parte, matizan que Europa no impone una determinada vía y que el cargo a los presupuestos del Estado de los gastos impropios de la Seguridad Social, junto al incremento de las cotizaciones (hasta 9.000 millones en el caso de los salarios más altos, según los sindicatos) y también asumido por Escrivá, permitirían alcanzar el equilibrio.
Respecto a la primera medida, el déficit del Estado se mantendría, con lo que Bruselas –que a priori siempre prefiere recortes antes que subidas de impuestos– acabaría pidiendo soluciones en cuanto recupere las normas de estabilidad fiscal, ahora suspendidas por la pandemia. En el segundo, los empresarios la rechazan con dureza. Pese a esa “patada hacia delante”, las dos sensibilidades del Gobierno se muestran satisfechas tras haber superado la crisis de las pensiones. El lema ahora es que las dos prioridades de la política económica son la rápida implementación de los fondos europeos y el buen desempeño del plan de vacunaciones masivas.
Sin embargo, las coordenadas de la coyuntura económica se complican y no contribuirán a serenar los futuros debates. El mercado laboral queda lastrado por una tasa de paro de en torno al 20% de la población activa, la cuarta vez que tal cosa sucede desde los años ochenta, como recordaba el jueves en estas páginas el economista Josep Oliver.
En este estado de cosas, los sindicatos han iniciado un viraje de distanciamiento del Gobierno,
ACUERDO DE MÍNIMOS
“Se ha dado una patada hacia delante al asunto”, reconocen en el Gobierno
PRESIÓN SOCIAL
Los sindicatos se impacientan; los empresarios temen una oleada de cierres
que ya viene del retraso en los cambios de la reforma laboral, pero que se ha exacerbado con la supuesta propuesta de las pensiones. La presión sindical elevará a su vez la interna en el Gobierno.
Algo similar sucederá desde el frente empresarial en la medida que los cierres empresariales empiecen a consumarse en un contexto de recuperación mucho menos vigorosa de lo previsto inicialmente, en línea con los nuevos escenarios previstos por el BCE y los analistas . En el Ejecutivo hay consciencia del alcance limitado de las medidas destinadas a asegurar la solvencia de las empresas, de mucha menor envergadura que las de los socios europeos de referencia. Y en Moncloa admiten ante los empresarios que piden ayuda que la resistencia de Nadia Calviño, con el apoyo de María Jesús Montero desde Hacienda, explica en gran medida la escasa envergadura de los últimos planes de choque. Economía, por su parte, replica que los créditos avalados del ICO, unos 63.000 millones, cuando desemboquen en impagos, se convertirán en una especie de subvenciones directas sui generis a cargo del presupuesto público.
Precisamente, el crecimiento de las restricciones a la concesión de créditos, una vez extinguida la línea con aval oficial, es otra de las nubes sobre el futuro de la economía.