¿Qué ocurrirá el 14 de febrero?

La mayoría independentista no corre un peligro excesivo, pero la victoria de Esquerra o de Junts no está asegurada

Qué pasará el próximo 14 de febrero si “el interés público muy intenso” se impone a las “razones epidemiológicas” y las autonómicas acaban celebrándose en la fecha prevista? La encuesta publicada por La Vanguardia hace ahora dos semanas dibujaba una victoria de ERC, en línea con el promedio de los sondeos realizados en los últimos meses. Con una participación estimada del 64% (18 puntos menos que en las elecciones del 2017), los republicanos se imponían con una ventaja de entre seis y ocho escaños sobre Junts, aunque el partido de Puigdemont y el PSC de Salvador Illa acortaban distancias.

Este escenario presentaba, sin embargo, un alto grado de volatilidad, con la incógnita de la participación como un vector que podía alterar finalmente cualquier pronóstico. La volatilidad nacía de la pésima valoración del Govern soberanista (al que suspendían casi la mitad de sus propios votantes) y de la ventaja de la candidata de Junts sobre el de ERC en el capítulo de preferencias sobre el futuro presidente de la Generalitat (un ámbito en el que se imponía con claridad el socialista Illa).

Ahora bien, en una situación de elevada incertidumbre como la que está generando la tercera ola de la pandemia, la participación es un vector imprevisible. El precedente de las elecciones vascas y gallegas, celebradas cuando el país ya había sufrido la primera ola, dejó una participación del 51% en el caso vasco, y del 49% en el gallego.

¿Qué ocurriría si en Catalunya sucede algo similar y la participación cae a poco más del 50%, como ya se produjo en los comicios de 1992? Ese escenario supondría que solo acudirían a las urnas aquellos que hubiesen manifestado una inequívoca voluntad de hacerlo en el sondeo. Es decir, en torno al 53% de los electores. Y en ese caso, los datos de la encuesta de GAD3 permitirían otra estimación algo distinta.

Para empezar, la ventaja de Esquerra se esfumaría y quedaría reducida a apenas un punto sobre Junts. El reflujo en la participación perjudicaría también al PSC (y beneficiaría a Ciudadanos, impulsado por su reducto de voto más fiel), pero la pugna soberanista por la primera plaza se complicaría sobremanera para los republicanos. Ese punto de ventaja de ERC resultaría insuficiente para traducirse en escaños, por lo que Junts podría obtener un diputado más (35 frente a 34) sin ser la fuerza más votada.

Ese escenario permitiría gobernar cómodamente a las dos principales fuerzas soberanistas, que sumarían 69 diputados y no precisarían del siempre correoso apoyo de la CUP. Sin embargo, semejante correlación –con el agravante de que un partido tendría más votos y el otro más escaños– dejaría irresuelta la pugna por la hegemonía soberanista y posiblemente abriría una etapa de mayor inestabilidad, con la elección del futuro presidente como primer e insalvable obstáculo.

Ahora bien, aunque improbable ante la evolución de la pandemia, también podría ocurrir que la participación no cayese tanto como en Euskadi o Galicia, dada la extrema polarización que ha provocado el procés en la sociedad catalana. La estimación de GAD 3 situaba la participación en un 64%, pero sería perfectamente verosímil que cayera aún menos: por ejemplo, 14 puntos respecto al 2017. Y en un contexto de participación cercano al 68% podría ocurrir que la combinación, por un lado, del denominado “factor Illa” y, por otro, de la visible fatiga que reflejaban en el sondeo los votantes soberanistas, generase una movilización desigual.

En ese supuesto, bastaría que se dieran dos circunstancias para que la correlación final se invirtiese. En primer lugar, que solo votaran a ERC los electores de ese partido que manifestaban de forma indiscutible en el sondeo su disposición a acudir a las urnas. Al fin y al cabo, la encuesta ya detectaba una sobrerrepresentación del electorado republicano frente a su peso real en el 2017. Y la segunda circunstancia exigiría que votasen al PSC todos aquellos que, en el sondeo, expresaban su intención de apoyar a este partido (con la única excepción de los que confesaban una baja intención de emitir un voto el 14-F).

En ese contexto, y sin necesidad de forzar en exceso el decantamiento de los indecisos con un historial de voto al PSC en autonómicas o generales, los socialistas se convertirían en primera fuerza en votos (con más del 23% de las papeletas), pero también en escaños (33). A su vez, las fuerzas soberanistas se encontrarían de nuevo con el embrollo de un empate en escaños (31) y una diferencia de apenas un punto a favor de ERC. La situación sería especialmente complicada porque las formaciones independentistas retendrían la mayoría de la Cámara catalana (con entre 68 y 69 escaños), pero solo gracias a la CUP. De nuevo, por tanto, un escenario de inestabilidad que dejaría sin resolver una pugna decisiva y amenazaría con forzar una repetición de los comicios. A la vista de estas hipótesis, quizás el virus que más está pesando sobre la fecha electoral es el de la incertidumbre.

Una baja participación en torno al 50% podría suponer más votos para ERC pero más escaños para Junts

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