Otras elecciones excepcionales
¿De qué van a ir las elecciones catalanas? De la pandemia. Pero no de cómo salir de ella, sino de si condiciona el ejercicio del voto. El riesgo es desalentar la participación o sembrar dudas sobre el resultado.
Las elecciones en Catalunya vienen marcadas por circunstancias excepcionales desde hace ya unos cuantos años. Las del 2017 fueron el máximo exponente de unos comicios en un clima desmesurado, de máxima alteración social, con la autonomía intervenida por primera vez en democracia y los líderes independentistas encarcelados. Ni siquiera en aquella anómala coyuntura se puso en duda ni lo más mínimo la legitimidad de las elecciones. En esta ocasión, el conflicto provocado por el intento de aplazar la cita al 30 de mayo debido a la pandemia y su resolución en los tribunales ha suscitado insinuaciones sobre una posible merma de la legitimidad del resultado si la participación decae en un grado atribuible al temor de la población a votar por el coronavirus. Solo esa premisa ya evidencia la singularidad del momento político en Catalunya.
¿De qué van a ir estas elecciones?, ¿cuáles serán los ejes de la campaña? Por supuesto, la pandemia ocupa el lugar preeminente. Ninguno de los tres principales partidos en liza –Junts, ERC y el PSC– puede alardear de una indiscutible efectividad en su gestión. Pero el coronavirus va a servir de arma arrojadiza para reafirmar a cada uno en los argumentos que ya vienen arrastrando desde hace una década y que no son otros que los derivados del procés. La decisión judicial de mantener de momento la fecha del 14-F ya ha sido esgrimida por el independentismo para abonar el mensaje de “la represión”. El candidato de ERC, Pere Aragonès, ha subrayado que existe una “operación de Estado” para favorecer a los socialistas, es decir, una guerra sucia contra el independentismo fraguada entre el Gobierno y los tribunales, pasando incluso por encima de la salud de los ciudadanos, para impedir que se retrasen las urnas en beneficio de Illa.
La condena por desobediencia durante el 1-O contra el conseller Bernat Solé, permite a ERC abundar en esa tesis. Los republicanos consideran que estas razones movilizarán a sus votantes. Se trata de trasladarles que la imposición del 14-F constituye un ataque a la democracia para condicionar el voto. La disputa por la fecha electoral también alimenta el discurso del enfrentamiento con el Estado que enarbola Junts, aunque la candidata, Laura
Borràs, se había manifestado menos entusiasta Salvador del aplazamiento. Para Junts, este episodio demuestra que la legislatura acaba como empezó, con la aplicación de “otro 155” sobre la autonomía catalana.
El llamado “efecto Illa” está marcando el inicio de una campaña que, si se mantiene el 14-F, va a ser relámpago. En efecto, a los socialistas les conviene esa fecha para aprovechar la efervescente sorpresa de la candidatura del ministro. Illa se está convirtiendo en protagonista por una conjunción de intereses en la política española y la catalana. Por un lado, está en el punto de mira del PP. Pablo Casado se está volcando en estos comicios para impedir el sorpasso de Vox, que debilitaría mucho su posición. Y también es el enemigo a batir por Ciudadanos, que sufre una sangría de votos que, en buena parte, se van hacia el PSC. Por otro lado, el independentismo llama a la movilización para impedir una victoria de los socialistas. De esta forma, sin quererlo, todos ellos sitúan al aún ministro como el rival a batir, dando verosimilitud a sus posibilidades.
La apuesta de Pedro Sánchez por Illa persigue un objetivo atrevido, muy difícil, que es impedir que la suma del independentismo alcance la mayoría absoluta, lo que supondría una revolución en la política catalana con respecto a los últimos años. Para ello, el ministro necesita movilizar y concentrar el voto constitucionalista, pero sin despertar demasiado al electorado independentista en su contra. En las elecciones del 2017 se produjo una activación de ambos bloques y una participación récord del 80%. Si estas elecciones están repletas de incógnitas es por dos factores: el elevado número de indecisos que arrojan los sondeos (un 40% según el CIS) y el interrogante sobre a quién afectará más el previsible descenso de la participación. El conflicto sobre la convocatoria electoral en plena pandemia incide directamente en esos dos elementos.
Tradicionalmente, el voto constitucionalista era más reacio a movilizarse en unas elecciones catalanas, pero la insistencia del Govern en las dificultades y la inconveniencia de votar el 14-F para argumentar su defensa del aplazamiento electoral puede provocar un efecto contrario a sus intereses. Aunque solo fuera por ese motivo, el independentismo debería animar al voto y desterrar cualquier insinuación sobre falta de legitimidad de estas elecciones. Lo contrario, tarde o temprano, acaba pasando factura.