La Generalitat contrata 359 personas para cobrar las multas de la covid
Interior y Salut crean dos equipos paralelos para gestionar las decenas de miles de sanciones impuestas desde marzo
La mayor parte de las 170.000 multas impuestas en Catalunya por incumplir las medidas anticovid en el primer estado de alarma –de marzo a junio del 2020– están aún sin cobrar.
El 95% de las 170.000 multas impuestas durante el primer estado de alarma, entre marzo y junio del año pasado en Catalunya, están por cobrar.
Pero esa cifra puede ser irrisoria cuando se conozcan los datos relativos a las multas que se han impuesto por incumplimiento de las normas anticovid a partir de junio y cuya gestión ya no corresponde al Departament d’interior sino al de Salut.
El Departament d’interior ha contratado recientemente a 33 abogados y 28 administrativos para gestionar solo las 170.000 multas acumuladas en el primer periodo del estado de alarma. El equipo –integrado por funcionarios y por empleados temporales– empezará a trabajar en una semana, el 1 de febrero.
Y, en paralelo, el Departament de Salut también ha creado otro equipo de cobradores. Contratará a un total de 298 trabajadores para gestionar las sanciones que se han impuesto después del mes de junio relacionadas con el incumplimiento de las normas anticovid.
El Departament de Salut no informa por ahora cuántas sanciones se han impuesto .
Tras el fin del estado de alarma, en junio, el conseller de Interior asumió la potestad sancionadora relacionada con la crisis de la covid. Sin embargo, ahora Interior es taxativo: “Los incumplimientos de las restricciones o prohibiciones sanitarias posteriores a la finalización del primer estado de alarma las ha da sancionar el Departament de Salut”.
Es decir, todas las que están relacionadas con las normas sobre la covid desde junio hasta aquí quedan bajo la tutela del departamento de que dirige la consellera Alba Vergès..
En poco más de un mes, Interior y Salut han movilizado a 359 personas para gestionar estas multas atrasadas.
El plazo de admisión de los candidatos a integrarse en este equipo de Interior acabó el día 11 y en el de Salut terminó ayer domingo. En la convocatoria para estos puestos, este último departamento detalla que el corte del equipo se pagará con lo que se espera recaudar.
Durante la pandemia hay pocas cosas que escapen a la anomalía. Y parece que la capacidad sancionadora de la administración –el principal instrumento de la policía para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias– tampoco va a escapar a esta circunstancia.
A lo largo del primer estado de alarma en Catalunya los agentes multaban en virtud de la ley de Seguretat Ciudadana –las infracciones más graves– y de la ley de Salut Pública –las más leves–.
En esas leyes se basan la inmensa mayoría de las 170.000 multas impuestas en los primeros meses. La mayor parte le costaran al infractor unos 300 euros.
Sin embargo no fueron pocos los expertos en derecho quienes dudaban de la solidez legal de estas multas. En corto: cualquier sanción está
ARDUA TAREA
Interior quiere tramitar el 95% de las multas pendientes de antes de junio
MÁS GASTOS
Salut detalla que pagará el coste de su equipo con lo que se pueda recaudar
sujeta a una tipificación previa y las normas anticovid escapaban a leyes que eran, por decirlo así, poco específicas.
En agosto del año pasado, ante estas críticas, el Departament de Salut de la Generalitat promovió un decreto ley en el que se establecía un régimen sancionador específico para multar a quienes se saltaban las normas.
El nuevo marco establecía una gradación que va de los 100 euros por no levar mascarilla hasta los 600.000 euros en los casos de mayor gravedad. El 9 de septiembre quedó convalidado por el Parlament –sin tramitarse como ley– por solo 65 votos a favor.
Los grupos de la oposición, en particular las diputadas Assumpta Escarp y Marta Ribas (PSC y Catcomú, respectivamente), ya pronosticaron en el debate del decreto que la gestión de todas las sanciones iba a ser un lío. La consellera Vergés se defendió argumentando que el nuevo tipo de sanciones eran el instrumento que se necesitaba para hacer cumplir las normas.
Sin embargo, según ha podido comprobar La Vanguardia muchas multas, en especial las municipales, no utilizan esa base legal sino que se sigue utilizando la ley de Salut Pública, la que ya se empleaba antes de junio y de la que se deriva el decreto.
El Departament d’interior tramita en un mes normal unas 30.000 multas al mes. Ahora se han disparado. Solo en el segundo fin de semana de este mes se abrieron más de 5.000 expedientes de sanción por incumplimiento del confinamiento de sábado y domingo. Cabe deducir que buena parte de ellas las tendrá que gestionar el nuevo equipo creado ahora a las órdenes de la consellera Vergés.
La mayoría de las encuestas realizadas durante la pandemia reflejan la convicción de una mayoría de la sociedad de que hace falta endurecer las medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las normas anticovid. La ciudadanía pide mano dura.
Sin embargo, no es tan fácil como parece. En primer lugar porque el marco legal y el procedimiento es, como se puede ver, algo confuso. Una sanción es un acto legal que requiere unos procedimientos reglados y unas garantías.
En segundo lugar porque se detectan algunos síntomas de hartazgo. Los incidentes de orden público se han incrementado y si bien algunos tienen que ver la desobediencia explícita de las normas sanitarias contra la pandemia, otros guardan relación con el malestar ante las condiciones de vida del momento: cortes de luz reiterados, especialmente en los días en que hacía más frío, problemas de convivencia o la precariedad económica.