Galicia aprueba una ley que prevé multas por negarse a ser vacunado
Rechazo de la oposición, que ya estima que el Constitucional tumbará la norma
El Parlamento gallego aprobó ayer una ley de salud pública que prevé multas de entre 1.000 y 600.000 euros para distintas infracciones que incluyen la negativa a vacunarse. La oposición parlamentaria ha rechazado la iniciativa alegando que será declarada inconstitucional.
Ayer hubo mucho revuelo en las oficinas de la Consejería de Sanidad de la Xunta. El Parlamento gallego aprobó con la holgada mayoría de los votos populares –sin que el rechazo de toda la oposición en pleno pudiese impedirlo– una reforma de la ley de Salud Pública. Y en pleno debate saltó la noticia: “Galicia obligará por ley a vacunarse contra el coronavirus”.
El revuelo se explica porque ese anuncio supone un salto que ninguna otra comunidad de España, y mucho menos el Gobierno, se estaría planteando en estos momentos y menos después de que diferentes encuestas revelen que más del 80% de los ciudadanos está dispuesto a vacunarse. Al margen de si un gobierno territorial tiene o no competencias (hay diferentes interpretaciones) para adoptar una medida de ese calado sin la bendición de Madrid.
Fuentes judiciales indican que para poder aplicar esa norma tendrán que darse los requisitos de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad” y los mismos siempre tendrán que estar avalados por una resolución judicial. O dicho de otra manera, precisarían de la respuesta de un juez, en caso de negativa, como ha ocurrido estas últimas semanas en algunas residencias.
Conscientes de la cuerda floja en la que se mueve esa pretendida obligación a vacunarse, desde la oficina de prensa de Sanidad de la Xunta nadie se sacaba ayer la venda para ver la herida. Ni confirmaban ni desmentían la noticia que ya corría por diferentes portales en internet. “La cosa igual no es como se dice”, se limitaba a afirmar una portavoz.
La respuesta oficial se hizo de rogar, llegó pasadas las ocho de la noche. Desde el grupo parlamentario del PP confirmaban que lo de obligar a vacunarse en el texto de esa ley (eso vale para todos los ciudadanos) va precedido de “un podría”. Lo que se pretende, añadió esa fuente, “es tener un soporte legal para actuar por nuestra cuenta, ya que el Gobierno no nos ha dado esta herramienta, si la situación se descontrolara”. O para obligar, por ejemplo, “a un sanitario a vacunarse si ese profesional se negara”, apuntan desde ese grupo parlamentario. Pero también podría aplicarse esa misma medida con cualquier ciudadano, confirma esta fuente.
Con ese “podría”, el soufflé cocinado por el inédito anuncio se fue desinflando con el paso de las horas. Cuesta atisbar cómo se podrá aplicar esa nueva ley aprobada ayer en el Parlamento gallego, que contempla multas que van de los 1.000 a los 600.000 euros (en casos muy graves) para distintas infracciones sobre la salud pública, entre las que se incluye la negativa a la vacunación. .
Los partidos de la oposición consideran que esta reforma aprobada por el rodillo popular autonómico tiene muchas lagunas. Interpretan, desde esa a bancada contraria a la ocupada por los diputados de Alberto Núñez Feijóo, que obligar por ley a la vacunación contra este virus solo va a conseguir una cosa: “dar más alas a los negacionistas”. Además de considerar que esa legislación tendrá un difícil encaje legal. Y anuncian que esa imposición del inmunógeno para todos los ciudadanos bajo amenaza de multa no pasará el filtro constitucional, si hay denuncia, porque “vulnera derechos fundamentales”.
La polémica ley aprobada ayer en Galicia establece, para los que se nieguen a vacunarse, tres niveles de castigo (leve, grave o muy grave) que se determinarán en función “del riesgo o daño que cause para la salud de la población”. Pero esas sanciones quedan supeditadas, según recoge el redactado, a que las autoridades sanitarias (desde el PP gallego se sostiene que no hace falta el permiso de Madrid) establezcan esa obligación.
Feijóo se vale de la mayoría para aprobar una norma, difícil de aplicar, que afecta a todos los ciudadanos