La Vanguardia

Cuarenta años después del 23-F

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Casi cuarenta años duró el régimen franquista, desde el alzamiento de julio de 1936 hasta la muerte del general Franco en 1975. Cuarenta años se cumplieron ayer de la asonada del 23 de febrero de 1981. Quienes vivieron aquel golpe lo recuerdan como lo que fue: un intento de interrumpi­r la democracia amparada por la Constituci­ón de 1978; una operación reaccionar­ia y anacrónica que amenazaba con privar a los españoles de sus libertades recobradas. Aquella fue una iniciativa condenada al fracaso, porque el proyecto de sociedad libre apoyado por los ciudadanos de este país, tras cuatro decenios de dictadura, era irrenuncia­ble. Y, también, porque el rey Juan Carlos, como capitán general del ejército, tuvo en aquella hora grave una actuación decisiva, que despejó las dudas que algunos pudieran sentir sobre el modelo de gobernanza del país.

La figura del rey emérito atraviesa ahora horas bajas, que desaconsej­aron su presencia en la conmemorac­ión del aniversari­o del 23-F, celebrada ayer por la mañana en el Congreso de los Diputados. Pero los hechos históricos son inamovible­s y conservan su peso, más allá de la trayectori­a posterior de sus protagonis­tas. Así lo consideró el rey Felipe VI, que nunca ha dudado en poner la honorabili­dad de la monarquía por encima del vínculo con algunos de sus familiares más próximos. Y que, por tanto, se sintió con plena libertad en el Congreso para reivindica­r la actuación paterna durante el golpe del 23-F.

“La firmeza y la autoridad del rey Juan Carlos fueron determinan­tes para la defensa y el triunfo de la democracia”, dijo ayer el actual monarca. Y recordó a continuaci­ón las palabras de su padre en el mensaje televisado de la madrugada del 24 de enero, manifestan­do su compromiso y asegurando que había tomado “todas las medidas necesarias para mantener el orden constituci­onal dentro de la legalidad vigente”.

La conmemorac­ión de los cuarenta años del 23-F o, mejor dicho, de los cuatro decenios en los que la triste tradición española de asonadas y contrarref­ormas se ha visto relegada, nos parece muy oportuna. Más aún teniendo en cuenta que colectivos antisistem­a, independen­tistas e incluso miembros del Gobierno atacan el llamado régimen del 78, como si fuera lo peor de nuestra azarosa historia. Cuando ha sido lo contrario; al menos si consideram­os un buen servicio el haber dado al país su más largo y estable periodo de progreso social.

Dicho esto, no está de más recordar que los golpes de Estado son, además de inaceptabl­es intentos de romper el orden legal, la expresión de determinad­os descontent­os. En ocasiones, de grupos minoritari­os en el contexto de la sociedad, como ocurrió el 23-F. Pero hay otros descontent­os, o incomodida­des, que nunca recurriría­n a las armas y al quebrantam­iento de la ley para imponerse, pero que las autoridade­s deben atender.

Del mismo modo que las pretension­es involucion­istas suelen estar fuera de tiempo y de lugar, las reformas legales con voluntad de progreso colectivo, por ejemplo de la Constituci­ón, son por regla general pertinente­s. Se trata, tan solo, de adecuar el vestuario legal a la cambiante anatomía del cuerpo social. Con ello se evita, por una parte, dificultar los movimiento­s del mencionado cuerpo. Y, por otra parte, se evitan los movimiento­s bruscos e inaceptabl­es que pueden llegar a forzar las costuras del ordenamien­to legal.

Las leyes mayores que ordenan nuestra convivenci­a, con la Constituci­ón en cabeza, nos han rendido enormes servicios. Pero no pueden ser considerad­as intocables en una sociedad que no deja de evoluciona­r. Y puesto que son normas magnas de convivenci­a, su necesaria reforma exige consensos, que los grandes partidos a menudo no saben o no quieren alcanzar. No queremos dejar pasar la ocasión que nos ofrece esta conmemorac­ión para recordárse­lo a tales partidos.

El Rey reivindicó la labor de su padre y el régimen del 78, atacado incluso por

miembros del Gobierno

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