Desmantelado el último gran narcoedificio del Raval
La presión policial y administrativa permite poner fin a una pesadilla que ya llevaba tres años amargando la vida de muchos vecinos
El más miserable narcoedificio de Barcelona escribió ayer su penúltimo capítulo. Docenas de guardias urbanos desalojaron ayer a los 43 ocupas del número 14 de la calle Príncep de Viana. Y luego, a instancias del Ayuntamiento, el fondo de inversiones propietario, Cerberus, uno de los más grandes del planeta, mandó tapiar los accesos. Aquí, en el Raval, a una manzana del mercado de Sant Antoni, traficaban con drogas, montaban fumaderos de crack, trapicheaban con artículos robados, convertían a toxicómanas en esclavas sexuales hasta que se cansaban de ellas... ¡durante más de tres años! Vecinos y comerciantes, del todo amargados, nunca pudieron entenderlo.
Una estrategia de carácter integral y la coordinación entre administraciones poco habitual permitieron cerrar esta casa de los horrores. El problema era que la media docena de apartamentos de la finca funcionaban de modo independiente. Cada uno con un responsable. En uno vendían heroína, en otro se refugiaban delincuentes, en otro malvivían varios chatarreros... “Aquí hay gente muy mala, pero yo no tengo adonde ir”, lamentaba ayer un subsahariano, junto a su maleta. Y cada vez que los Mossos detenían a un cabecilla, otro lo relevaba. En un par de años la policía de la Generalitat realizó aquí unas sesenta intervenciones. Y hablamos de un edificio entero, desalojar y tapiar los apartamentos no servía de nada. Enseguida eran ocupados de nuevo. Incluso abrieron túneles para comunicar los pisos. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau instaba a la propiedad a que desalojara el edificio, lo rehabilitara y se lo cediera. Siempre en vano. Entre tanto la desllegan esperación vecinal se multiplicaba.
Hace ocho años este edificio era un flamante complejo de pisos turísticos. El negocio, sin embargo, no funcionó y la propiedad pasó a un banco. Al poco la finca fue ocupada por grupos alternativos que montaron un centro cultural. Pronto acogieron a muchos chatarreros expulsados de naves del Poblenou. La ley del más fuerte hizo el resto. Los delincuentes tomaron el control. El edificio fue desballestado. Este verano la entidad financiera propietaria vendió un paquete multimillonario de activos inmobiliarios al fondo de inversiones en cuestión. Cerberus nunca hizo público ningún proyecto para este edificio. El gobierno municipal denunció muchas veces la indiferencia de este fondo. Los vecinos tuvieron que limpiar todos los desperdicios acumulados en el patio de luces. Las ratas trepaban por los muros y se colaban en sus pisos. Los hedores a la calle. Las aguas fecales anegan el portal cada vez que llueve. Hace mucho que aquí no hay ni agua ni luz.
Entonces los Mossos plantearon la necesidad de abordar el problema de un modo integral. Al fin y al cabo también nos encontramos ante un grave problema de salubridad, convivencia e infravivienda. De hecho, los servicios sociales municipales ya hacían seguimiento de algunos de los moradores. “Muchos de los responsables de la venta de droga en este edificio están ya en prisión –detalla Rafa Tello, jefe de la comisaría de Mossos en Ciutat Vella–, y tenemos localizados a otros que se marcharon, que ahora tratan de pasar desapercibidos”. Y mientras la policía continuó atosigando a los narcos, los bomberos del Ayuntamiento elaboraron un informe que subrayaba los graves déficits de la finca. Aquí, concluyó, no puede vivir nadie. En diciembre el Consistorio dijo a los habitantes
El Ayuntamiento insta al fondo propietario a rehabilitar la finca y cederla “para reparar el daño hecho al barrio”
de la finca que en breve tendrían que marcharse.
Finalmente, un juez autorizó este desalojo administrativo. No es el procedimiento más frecuente. Los concejales de Vivienda y de Ciutat Vella, Lucía Martín y Jordi Rabassa, advirtieron ayer al fondo propietario que el Ayuntamiento ya inició la tramitación del correspondiente expediente de infravivienda, que a partir de esta declaración tendrá seis meses para rehabilitar la finca, que si no lo hace no podrá ni venderla ni alquilarla. “Este fondo especulador ha de reparar el daño hecho al barrio. Queremos que rehabilite el edificio y lo ceda a la bolsa municipal. Si no, estudiaremos posibles sanciones”, dijeron los ediles. En verdad el último capítulo de esta historia aún está por escribirse.