No contaminar el presente con el pasado

Cuando, hace ahora casi un año, la Zarzuela emitió un comunicado en el que se aceptaba implícitamente que el rey Juan Carlos estaba vinculado a fundaciones de dudosos objetivos y de una aún más dudosa financiación, no hacía más que seguir una hoja de ruta que se había diseñado mucho antes. La firme voluntad del rey Felipe VI fue cortar de raíz con viejas prácticas que en ocasiones fueron silenciadas y en otras claramente amparadas en años en los que la figura del anterior jefe de Estado, además de respeto institucional, despertaba una aceptación casi reverencial de sus comportamientos en el ámbito privado.

Desde el mismo momento de su proclamación, el 19 de junio del 2014, el Rey no solo ha dado ejemplo con su actitud personal, también ha reforzado su posición con la promulgación de un código de conducta de obligado cumplimiento para los miembros de la Corona. Normas que, en el caso de haber estado en vigor durante el reinado de su padre, hubieran evitado el caso Nóos, ya que prohíbe a las personas pertenecientes a la familia real trabajar en empresas privadas, y también aceptar regalos más allá de los considerados de cortesía. Y, aún más, en el caso de que algún Estado, personalidad o entidad se excediera con el obsequio y, a fin de no incurrir en el agravio, esos regalos pasarían a ser propiedad estatal. No era este punto una cuestión menor, sino la forma de impedir que, bajo su reinado, la Corona quedara comprometida con regalos envenenados como había sucedido en la etapa anterior.

Empezar un camino nuevo no era suficiente; era necesario desandar el anterior para que el pasado no acabara contaminando el presente y dificultando el futuro. De ahí que para salvar la actuación de Juan Carlos I en sus funciones como jefe de Estado, solo cabía un ejercicio de transparencia: la aceptación de los errores cometidos en el ámbito privado y la firme decisión de repararlos. Será difícil en el ámbito moral, pero no en el jurídico y en el fiscal. La regularización hace unos meses de la utilización de tarjetas opacas y el más reciente pago a Hacienda de las rentas correspondientes a los gastos en vuelos privados demuestran la voluntad de pagar los platos rotos, aunque sea al coste de mostrar la evidencia de que ciertamente se cometieron irregularidades. Graves para un ciudadano común, e imperdonables en quien fue jefe de Estado.

El pasado 23 de febrero, al rey Felipe VI no le dolieron prendas a la hora de reivindicar, en el Congreso, el papel de Juan Carlos I en la firme defensa de la democracia, pero sus palabras adquieren más valor cuando ahora sabemos que van acompañadas de su firme voluntad de exigir que su padre expíe sus culpas sin que ni sus innegables méritos al frente de la Corona sean suficientes razones para minimizar sus errores.

Para salvar los méritos de Juan Carlos I como jefe de Estado es necesario

reparar los errores