Las ayudas a las empresas enfrentan al Gobierno y el Banco de España
Calviño defiende quitas de deuda bancaria mientras que el gobernador reclama ingresos directos
Casi un año después del inicio de la crisis por la pandemia, algunos debates sobre las medidas económicas que adoptar se repiten; y con idénticos protagonistas. A comienzos de marzo del año pasado, en fechas casi paralelas a las actuales, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, mantuvo un duro forcejeo con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre la urgencia de poner en marcha amplias medias de rescate económico a empresas y trabajadores para hacer frente a la parálisis económica derivada del estado de alarma y la prácticamente total paralización de la actividad. La polémica también se centró en la conveniencia de aprobar voluminosas líneas de crédito bancario con aval público, para financiar a las empresas agobiadas por la crisis de liquidez derivada.
El desenlace de ese debate fue mixto. Calviño impuso su criterio de aprobar ayudas en función de los datos que se fueran conociendo sobre la evolución económica, aplicando ciertas medidas de aplazamiento de impuestos, pero no su perdón, con lo que el grueso del paquete se concentró en la financiación pública de los ERTE, ciertamente por un importe muy alto, pero dejando muchos otros frentes abiertos.
De Cos, por su parte, ayudado por la presión del Banco Central Europeo (BCE), que aprobó sucesivas inyecciones de dinero, la banca privada y las organizaciones empresariales, logró que se aprobaran avales del ICO de hasta el 80% para los créditos de la banca a las empresas, un criterio más anticipativo.
Poco después, en mayo, el gobernador ya planteó que había que pensar en decisiones más audaces, directas, en forma de subvenciones a fondo perdido y también de condonación de impuestos. No tenía sentido que las empresas se endeudasen para cumplir con sus obligaciones fiscales.
El pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso un nuevo plan de ayudas, en este caso de 11.000 millones, aunque no concretó de qué clase, si serían a fondo perdido, directas, ni su calendario de aplicación. Curiosamente, el Gobierno había aprobado otro plan, tan recientemente como finales de diciembre pasado, casi al cierre del año, que llevó varios meses de contactos, negociaciones y cálculos.
Su contenido, nuevos créditos ICO y aplazamientos de impuestos, principalmente; es decir, ayudas siempre indirectas. Tal vez por eso, ha pasado sin pena ni gloria, como habían anticipado especialmente las empresas teóricamente destinatarias de las ayudas. Los afectados siguen reclamando medidas para evitar una oleada de quiebras.
Ahora, las esperanzas se vuelcan en este nuevo anuncio de plan. Pero la semana ha terminado y, pese a las palabras presidenciales, no se conocen los detalles. El Ministerio de Economía ha explicado que se están analizando muchas medidas y que el plan se aprobará en el mes de marzo, sin más concreciones.
Pero, una vez más, Economía y el Banco de España mantienen puntos de vista divergentes sobre las nuevas medidas. En las conversaciones mantenidas hasta ahora,
ANUNCIO PRESIDENCIAL Sánchez adelantó, sin concretar, que habría un nuevo plan de 11.000 millones
ECONOMÍA
El ministerio asegura que lo presentará en marzo, pero aún no da detalles de sus medidas
LA VICEPRESIDENTA Condonación de créditos avalados por el ICO, con la banca privada incluida
EL GOBERNADOR
Ayudas directas a la solvencia a fondo perdido, sin poner en riesgo el flujo de crédito
Calviño ha propugnado que se condone deuda a las empresas que las hayan contraído con el ICO, con lo que sería el sector público el principal afectado por los impagos, en términos absolutos. Pero también repercutiría sobre la parte concedida por la banca privada, que además de esa pérdida estaría obligada a destinar recursos a provisionar todo el crédito concedido a las empresas afectadas. También estudia transformar créditos en participativos, una capitalización de la deuda que permitiría dar más tiempo a las empresas. Economía ha manifestado, en cualquier caso, que su posición no está aún decidida y que está analizando todas las posibilidades.
La posición de De Cos, respaldada parcialmente por los bancos, cuestiona, primero, que se tengan en cuenta solo, o principalmente, los créditos vinculados al ICO, cuando en su opinión apenas una pequeña porción de empresas con posibles problemas de solvencia se han acogido. La mayoría, ha intentado financiarse con recursos propios o créditos directos, sin aval público. Entre otras cosas, porque era bastante más barato, en términos de tipos de interés, que los que ofrecía la banca a través de las líneas ICO, en torno a un 2%.
El Banco de España considera asimismo que condonar crédito bancario puede acabar contrayendo la oferta de préstamos futuros y supone descargar, aunque sea parcialmente, el problema derivado de decisiones del Estado, como es el estado de alarma, sobre las entidades financieras. Asimismo, al no existir un criterio homogéneo en la eurozona, también podría generar un desequilibrio diferencial negativo respecto a entidades de otros países. Tampoco ve clara la vía de los créditos participativos, por la reducida dimensión de la mayoría de las empresas españolas. En suma, el regulador postula ayudas directas y a fondo perdido a las empresas, que no pongan en cuestión el mercado de crédito, pero que redunden en reforzar su solvencia y el mantenimiento de la actividad y el empleo. Las cifras consideradas como necesarias dependen de los escenarios. Si solo afectan a las empresas con créditos ICO o van más allá, dependerá del criterio con el que se defina la solvencia y otros modelos de cálculo, aseguran personas vinculadas a las negociaciones.