El nuevo Govern no puede esperar
El calendario ha empezado a correr tras la celebración de las elecciones catalanas. Antes del 12 de marzo, debe tener lugar la primera sesión del nuevo Parlament, en la que se elegirá el presidente de la Cámara así como los miembros de la Mesa, y en los diez días posteriores debe comenzar el debate de investidura del futuro presidente de la Generalitat. Si no hay investidura dos meses después de la primera votación, la legislatura se disolverá automáticamente y se convocarán nuevos comicios inmediatamente, que se celebrarían 54 días después. Los partidos que están negociando para formar Govern saben que nadie entendería una repetición electoral, y menos en un contexto de pandemia. Este es el gran incentivo de las formaciones concernidas para lograr un acuerdo, comenzando por ERC, que tiene la responsabilidad principal y estudia varias combinaciones posibles. Al PSC, que ganó en votos y empató en escaños con los republicanos, las sumas no le salen.
Estos días se suceden las reuniones y los contactos entre el partido de Pere Aragonès, Junts, la CUP y los comunes. ERC insiste en un Govern de “vía amplia”, que tiene escasas posibilidades de prosperar. Mientras, los comunes han lanzado la idea de un ejecutivo bipartito con los republicanos y apoyo externo de los socialistas, hipótesis que tampoco parece viable. En la práctica, ERC está trabajando la investidura y el futuro Govern a partir de Junts y la CUP, sin excluir geometrías variables con los comunes. El concurso de los anticapitalistas en esta posible mayoría está obligando a los republicanos a ceder en asuntos concretos –sobre los Mossos y el modelo policial– y a dejar de lado grandes cuestiones que marcarán la nueva etapa, con los fondos europeos de reconstrucción en primer lugar. Buscar apoyos a cualquier precio con una formación minoritaria no es lo que se espera de un momento que exige grandes consensos y centralidad.
Por otro lado, la malhadada experiencia del Govern Torra no genera expectativas optimistas sobre un nuevo pacto entre los de Junqueras y los de Puigdemont; el independentismo ha carecido de impulso y de brújula al gestionar la autonomía, algo que no puede repetirse. La erosión de la credibilidad institucional es aguda, por eso es indispensable que el nuevo gabinete responda a criterios claros, se centre en las necesidades urgentes y aplique políticas de calado con vistas al futuro.
Cabe esperar que Aragonès –que se presentó como un pragmático antes y durante la campaña electoral– no olvide el sentido de los tiempos y cierre con la mayor celeridad posible una mayoría estable y capaz de transmitir seguridad y confianza a la ciudadanía. Es el momento de la responsabilidad, algo que también atañe a Junts, cuya retórica unilateral de nada sirve, salvo para bloquear la toma de decisiones. Lo contrario, además de ser una frivolidad, sería la prueba de que los dirigentes independentistas no atienden las lecciones del procés. Ha llegado la hora de que los moderados de cada partido se impongan a los que únicamente alimentan fantasías que devienen frustraciones y excusas. El país no puede aguantar más espejismos.
El principio de realidad debe regresar sin dilación a los despachos oficiales, algo que deberá ir acompañado de una pronta salida de la cárcel de los dirigentes del procés, para encauzar una etapa basada en el diálogo. El nuevo Govern de Catalunya no puede esperar, la situación social y económica es grave, necesitamos grandes pactos de país y ponernos manos a la obra. El impacto de la covid ha pintado el paisaje con la incertidumbre más sombría, la política debe hacer su tarea. El tiempo apremia, la sociedad está fatigada. Esperar hasta el último minuto para cerrar la formación del nuevo ejecutivo catalán y los apoyos a la investidura sería jugar con fuego. Cada día sin un Govern responsable nos pasa factura.
Dejar para el último minuto el pacto para formar un nuevo ejecutivo
es jugar con fuego