La violencia en las calles
La violencia parece haberse enquistado en las calles de Barcelona, hasta el punto de eclipsar otros disturbios que la fatiga de la pandemia está alentando en otras ciudades del mundo. The New York Times dedicaba ayer un espacio generoso de su edición impresa a los episodios de violencia barceloneses. La mayoría de los manifestantes que exigen la liberación del rapero Pablo Hasél y que expresan su malestar por la situación económica y social son pacíficos. Están en su pleno derecho de ejercer su libertad de expresión. Incluso de reclamar este derecho para alguien que –no lo olvidemos– está también condenado por comportarse de forma violenta para evitar que unos periodistas informaran libremente de unos hechos sucedidos en la Universitat de Lleida. No hay nada más democrático que defender la libertad de expresión de quien no ama la democracia. Únicamente hay unos centenares de personas, verdaderos profesionales de la violencia, que atacan a las fuerzas policiales con todo tipo de artefactos, que incendian contenedores, que destrozan entidades bancarias o los escaparates de establecimientos comerciales, y que en ocasiones saquean sus productos. Han ocasionado ya muchos daños materiales, han perjudicado la imagen de Barcelona y han puesto en riesgo a muchas personas.
Pero el sábado se cruzó una línea roja cuando algunos de esos vándalos incendiaron una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente en su interior. El hecho podía haber costado la vida al policía. ¿En qué lugar hubieran quedado quienes, de manera obsesiva, reclaman estos días –y no necesariamente desde la extrema izquierda– una revisión del modelo policial de Catalunya, como si no hubiera en esto momentos problemas más acuciantes? Los últimos incidentes dejan aún más fuera de lugar la exigencia de la CUP de disolver la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos d’esquadra, para dar vía libre a un gobierno independentista. Ahora, más que nunca, hay que respaldar a los Mossos d’esquadra y a la Guardia Urbana para que ejerzan su labor con la máxima eficiencia y demuestren, una vez más, su acreditada profesionalidad. La democracia también se defiende con ley y orden. Flaquear en este objetivo es dar alas a la extrema derecha, que es quien realmente quiere recortar los derechos y libertades.
Defender a las fuerzas policiales no es pedir más violencia contra los manifestantes, porque la violencia engendra más violencia, sino dotarlas de los medios y de las estrategias profesionales más eficaces para desarbolar la capacidad de acción de los grupos violentos. En este sentido, en Catalunya, es necesario un refuerzo de los servicios de inteligencia policial para poder desarticular dichos grupos violentos, que actúan perfectamente organizados y con tácticas que avanzan hacia la guerrilla urbana. Pero ello exige también un posicionamiento claro contra la violencia. Sorprende sobremanera que desde posiciones políticas históricamente comprometidas con la defensa del Estado de derecho se lancen ahora mensajes de tolerancia con la actuación de vándalos que ponen en peligro vidas humanas.
El hecho es que, mientras en Catalunya el debate político y mediático se centra en una revisión del modelo policial que busca amparar la actuación de manifestantes de dudosa adscripción a los ideales democráticos, el resto de las comunidades se emplean a fondo para conseguir la mayor aportación posible de los fondos europeos para la reconstrucción. Catalunya corre una vez más el riesgo de perder el tren del progreso. Urge la formación de un gobierno que no sea prisionero de las exigencias de quienes anteponen un ideal romántico a la necesidad de afrontar los retos económicos y sociales que plantea la mayor crisis de la historia desde la II Guerra Mundial. Las elecciones del 14-F arrojaron unos resultados que permiten el ejercicio de políticas variables en beneficio de todos y de todas. La política debe imponerse por encima de la fascinación que todavía causa en algunos la bomba incendiaria que toma el nombre del comisario político soviético Viacheslav Mólotov. Por el bien de Catalunya.
Ni Barcelona ni Catalunya pueden seguir siendo rehenes de los grupos
violentos