Código Penal
En mi anterior artículo del 11 de este mes, titulado Togas, expuse que los electos no son funcionarios y/o administrativos por lo que no se les puede tratar como si lo fueran.
Expuse también que el poder judicial se había convertido en la última línea de defensa de un orden que beneficia a unos pocos que se resisten a aceptar que las cosas no son como hace 40 años. Un poder que se había transformado en el último baluarte porque el poder legislativo, que es el que redacta y aprueba las leyes, se lo permite e, incluso, les impulsa a ello.
En definitiva, expuse que una de las asignaturas pendientes que tiene España es homologar su sistema judicial y sus leyes a las de los países con más tradición democrática donde, por cierto, no existen presos políticos ni exiliados.
Esta semana, los que “ocupan” el Estado, en palabras de Azaña, han vuelto a recibir una reprimenda educada y formal de los organismos de la Unión Europea, esta vez del Consejo de Europa, concretamente de la comisaria de Derechos Humanos, la serbia de Bosnia-herzegovina Dunja Mijatovic.
El Consejo de Europa, entre otros cometidos, vela por el Estado de derecho y las libertades fundamentales. El solo hecho de recibir una carta de este organismo, como la enviada por la comisaria Mijatovic, ya debería encender las alarmas en los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y, evidentemente también, en el poder judicial.
¿Y qué dice la misiva o, mejor dicho, qué pide la comisaria de Derechos Humanos? Que España modifique el Código Penal en lo relativo a las injurias a la Corona y al enaltecimiento del terrorismo, a las ofensas religiosas, al discurso del odio y difamación. Y lo hace después de mostrar preocupación por el aumento de las condenas a prisión de artistas y activistas. Para Dunja Mijatovic, la libertad de expresión es un
Recibir una carta como la de la comisaria de Derechos Humanos debería encender las alarmas en los tres poderes
derecho de “crucial importancia para un debate público, libre y plural”.
Mijatovic critica que haya magistrados españoles que interpretan de manera “abstracta” la intención de los acusados, sin tener en cuenta el “contexto” y, además, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En definitiva, desde el Consejo de Europa se pide al Gobierno español que impulse una reforma del Código Penal en la línea de los estándares europeos en derechos humanos, y que se tenga en cuenta las sentencias del TEDH.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, le ha respondido que ya hace tiempo que están en ello, y que se revisarán las sanciones y las penas.
No tengo ninguna duda, ninguna, que, si los que administran, para no utilizar otro verbo, el Estado hicieran los deberes, hoy no habría en España ni presos políticos, ni exiliados, ni cantantes, ni activistas en las cárceles. Pero bueno, por lo que se ve, como que siempre hay elecciones, nunca encuentran el momento para ser valientes y acometer las reformas necesarias para que España se pueda homologar a los “estándares europeos en derechos humanos”.