Una demora excesiva y exasperante
Dos semanas después de las elecciones catalanas del 14-F, publicamos un editorial titulado “El nuevo Govern no puede esperar”, en el que pedíamos a los partidos independentistas con opciones de repetir el ejecutivo de la última legislatura que aceleraran su formación. No era una petición caprichosa. Era consecuencia, dada la crisis sanitaria y económica, de que el país debe dotarse sin la menor demora de los instrumentos para gestionar la actual coyuntura y superarla.
Ha pasado casi un mes desde la publicación de aquel editorial, y nos hallamos en una situación que poco o nada se parece a la anhelada. Ya se apuró al máximo el plazo para elegir a la presidenta del Parlament. Y anteayer un portavoz de Junts previó que el acuerdo con ERC para la investidura de su candidato Pere Aragonès podría llegar “en días o semanas”. O sea, que es improbable que Aragonès sea investido pronto en el debate parlamentario que arranca mañana y al que el secesionismo se presenta sin haber cerrado un acuerdo de gobierno, seis semanas después del 14-F. Lo cual nos confirma que las fuerzas independentistas no creen prioritario formar Govern cuanto antes, para atacar con él ya mismo los múltiples problemas que nublan el futuro del país y de sus ciudadanos.
Tanto para ERC como, en mayor medida, para la CUP y Junts, lo prioritario parece ser mantener el desafío al Estado y seguir alimentando la ilusión de un nuevo referéndum o de reincidir en la unilateralidad. El hecho de que Catalunya atraviese horas bajas, debilitada por la pandemia y por sus efectos económicos, no les parece lo suficientemente preocupante como para postergar su proyecto independentista y centrarse en unas tareas de recuperación clave para los catalanes.
Es por ello que, en su preacuerdo con ERC, la CUP ha impuesto, junto a medidas de carácter social, como las relativas al derecho a la vivienda o a la renta básica universal, una serie de propuestas que persiguen la independencia. Y, también, unas medidas de presión sobre los republicanos, como la de plantear una fecha de caducidad a las negociaciones entre la Generalitat y el Estado, o la moción de confianza que se aplicaría al Govern de Aragonès a media legislatura. Las desmesuradas concesiones que los grandes partidos independentistas han hecho a la CUP –con un 6,7% de los votos el 14-F– serán algún día causa de asombro para los historiadores.
También para Junts parece ser prioritario obtener de ERC algunas garantías de que el Govern se aventurará de nuevo en la vía de la independencia. No solo eso. Además, que lo hará tratando de dar realce y cobertura oficial a los instrumentos que desde Waterloo se esgrimen para fortalecer a Junts. Destaca en este sentido la pretensión de convertir un órgano privado como es el Consell per la República en una muleta del Govern para definir la estrategia independentista, como si llegado el caso esta no fuera una función del Govern.
Las fuerzas políticas independentistas olvidan a menudo que están trabajando para formar un Govern, e incurren en una demora excesiva y exasperante. Este Govern, sin renunciar a su ideario, no puede olvidar nunca que debe gobernar para todos los catalanes. Vista la coyuntura actual, vistos los resultados de la gestión del Govern bajo la presidencia de Puigdemont y vistos los no menos lamentables de la presidencia de Torra, anteponer ahora la vía de la independencia y, peor aún, la de la unilateralidad es un error grave, además de reiterado. Porque ya conocemos los resultados de esta deriva. Y porque ahora las urgencias no son esas, sino otras directamente relacionadas con la recuperación económica del país y, antes que eso, con el apoyo a una sociedad que ha sufrido en el último año una extraordinaria y muy lesiva serie de contratiempos. Un Govern que no tenga como prioridad absoluta resolver esta situación se equivocará de manera injustificable.
Las fuerzas independentistas siguen sin saber alcanzar un acuerdo de gobierno