ERC y CUP pactan una moratoria a los grandes proyectos de energía renovable
Temor a que el anuncio pueda desencadenar otro parón para las fuentes limpias
El desarrollo de las energías limpias es una historia de frenazos continuos en Catalunya. El preacuerdo entre ERC y la CUP para formar un gobierno apunta una ralentización en el fomento de las energías renovables. El pacto incluye la previsión de establecer una moratoria para los grandes proyectos (nuevos parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas), algo que no estaba en el programa electoral de ERC.
El documento firmado entre estas dos fuerzas políticas recoge la creación de una Conselleria d’acció pel Clima y el compromiso de aprobar una ley de Transició Energética en el 2022. Asimismo, en el segundo párrafo del punto 8.C se remarca: “moratoria para los grandes proyectos de impacto territorial negativo del decreto 16/2019”.
Fuentes de ERC indicaron que este preacuerdo persigue lograr “un pacto y un ordenamiento territorial” previo que ponga las bases a un modelo energético “ágil”. “También queremos que los proyectos cuenten con la participación comunitaria mediante las comunidades energética locales. No obstante, queremos que la duración de la moratoria sea la mínima posible”, añadieron.
El pacto apunta directamente, pues, al decreto aprobado por el anterior Govern, promovido en noviembre del 2019 (tras declararse la emergencia climática), y cuyo objetivo era facilitar la tramitación de los nuevos proyectos de energías limpias (una vez constatado que en los últimos 10 años, habían quedado paralizados). Todas estas facilidades despertaron el interés de determinadas empresas para promover nuevos parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas. Así en los últimos meses, los promotores han presentado al Govern 269 proyectos de plantas fotovoltaicas (9.253 ha) y 127 proyectos de parques eólicos (1.038 aerogeneradores).
Todos estos proyectos están en tramitación, aunque ninguno ha recibido la autorización. “En un momento en que el sector empezaba a resurgir tras el parón, este preacuerdo es muy negativo. Ya hemos empezado a recibir llamadas de gente que se plantea abandonar los proyectos”, señala Daniel Pérez, vicepresidente de UNEF (sector fotovoltaico). “Esta decisión es una muy mala señal. Quienes ahora se planteaban promover estas inversiones es probable que no las hagan”, dice Pérez. Los partidarios de la moratoria han esgrimido la proliferación y concentración de proyectos, algo que Daniel Pérez rechaza tajantemente. De los 262 proyectos que ya han sido ya analizados por la ponencia de energías renovables de la Generalitat, solo han obtenido la luz verde un 23%; por su parte, el 41% de los proyectos son viables pero están sujetos a condicionantes, y los restantes 36% han sido rechazados a las primeras de cambio. Los promotores de las instalaciones se quejan de que la ponencia ha sido muy restrictiva y que se han rechazado muchos proyectos invocando su incompatibilidad con terrenos agrícolas.
“Se trata de un preacuerdo, y hay que tratarlo como tal. Pero si se consolidara y se hiciera efectiva la moratoria, sería necesario aclarar qué se entiende por ‘grandes proyectos de impacto territorial’”, señala de forma prudente Jaume Morron, gerente de Eoliccat, asociación que reúne al sector eólico.
Se da la circunstancia de que los proyectos de mayor dimensión (más de 50 MW) deben pasar por la ventanilla del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que Morron cree que este pacto supone una cierta renuncia a competencias que debería ejercer la Generalitat. Morron juzga que los grandes proyectos –aún sin tener la dimensión que han adquirido en otras zonas de España– son necesarios para que Catalunya cumpla sus planes de acción climática.
“En plena emergencia climática, y cuando están vigentes los acuerdos internacionales contra el cambio climático, es lamentable que haya quien quiera paralizar los proyectos de generación renovable, en lugar de poner imaginación y creatividad en hacer posible el giro al modelo energético”, señala Josep Puig, que fue portavoz de Junts en la comisión parlamentaria de seguimiento de la emergencia climática. Puig promovió una moción para que estos proyectos puedan contar con participación de los ciudadanos o de las entidades en el territorio para no ser vistos como una imposición foránea.
“El preacuerdo no habla de objetivos sobre renovables, ni de descarbonización en Catalunya. Solo de renovables”, dice Daniel Pérez. “Pero una moratoria de este tipo significa más gas, más nucleares y más líneas de alta tensión (para transportar energía producida desde Aragón). Esa no es la solución para Catalunya. Si consumimos electricidad, o la generamos en el territorio o la importamos. Y si la producimos aquí, la generamos con instalaciones contaminantes o con renovables. ERC y la CUP lo deben aclarar”, añade Pérez.
“Una medida como esta significa más gas, más nucleares y más líneas de alta tensión para importar electricidad”