Ayuntamiento y entidades sociales piden reformar el ingreso mínimo vital
Las entidades sociales llevan tiempo reclamando cambios en los requisitos para que las personas en riesgo de pobreza o que ya la sufren de manera severa, unos 200.000 hogares en Catalunya, puedan cobrar el ingreso mínimo vital (IMV). Hasta el momento solo han recibido luz verde unos 14.000 ciudadanos, poco más del 14% del total de los 95.710 expedientes gestionados. ECAS (Entitats Catalanes d’acció Social) y el Ayuntamiento de Barcelona coinciden en la necesidad de abordar una profunda reforma del IMV, aprobado por el Congreso en mayo del año pasado, para que sea eficaz, llegue a quiénes más lo necesitan y contribuya a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables.
ECAS y Ayuntamiento hicieron público ayer el estudio sobre la implementación del IMV en Catalunya, realizado por el Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, que analiza los numerosos obstáculos que presenta la tramitación de esta prestación lo que disuade a muchos de adentrarse en un largo y desalentador camino, casi imposible de culminar sin la ayuda de alguna organización social. La complejidad a la hora de acreditar los requisitos y la lentitud en el proceso son dos puntos que cabe solucionar lo antes posible.
Por eso, no son pocas las familias que piden la renta garantizada de ciudadanía (RGC), que llega a más de 150.000 personas, según los últimos datos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Los planes iniciales eran que en los casos pertinentes se complementaran los 460 euros mensuales para una persona del IMV con 200 más para alcanzar la misma cifra que otorga la RGC, 664. Aún así, y tal como remarca el informe, existe una gran confusión entre la complementariedad de ambas rentas y cabe armonizar los requisitos para acceder a las mismas.
En base a las lagunas que observa el IMV, los autores del documento plantean una batería de propuestas. Debido a la extrema fragilidad de muchos solicitantes, como los ciudadanos sin techo o los refugiados, piden “una respuesta rápida y definitiva”. Asimismo, consideran que ante la actual crisis por la covid sería conveniente tomar como referencia los ingresos de los dos últimos meses y no los del anterior año fiscal y lamentan que se excluya a los jóvenes de 18 a 23 años.
Abrir oficinas de la Seguridad Social con ventanillas específicas para gestionar la prestación y explorar la posibilidad, y la viabilidad jurídica, de una fiscalización posterior son otras demandas que recoge el estudio.