El Síndic propone reformar la ley para aplazar elecciones por fuerza mayor
Con el aval de un grupo de expertos creado ad hoc, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, propuso en enero que se aplazaran las elecciones catalanas de febrero ante la alta incidencia de coronavirus, que previsiblemente iba a dejar a numerosos ciudadanos sin poder ejercer su derecho de voto.
Su recomendación fue atendida por el Govern, que fijó las elecciones para el 30 de mayo, pero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tras la impugnación de algunos partidos minoritarios, suspendió el decreto que anulaba la convocatoria y mantuvo la fecha inicial. Un proceso judicial que, según el Síndic, provocó una “gran inseguridad” entre los ciudadanos y las fuerzas políticas.
Después de analizar aquella situación y para que no vuelva a repetirse, el Síndic de Greuges propuso ayer actualizar la ley orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para que incluya la regulación de la suspensión o el aplazamiento de procesos electorales por causas de fuerza mayor “debidamente comunicadas”, aunque, admite el informe, “no sería conveniente concretar los motivos o supuestos específicos”.
Además, Ribó pide también reformar el sistema de voto por correo, “claramente obsoleto”, y desde el extranjero e insta al Parlament a elaborar definitivamente esta legislatura una ley electoral, algo que ve “inaplazable” por cuanto Catalunya no tiene normativa propia en esta materia y sigue rigiéndose por la norma estatal tras 40 años de autonomía.
El Síndic concluye que, al margen de los factores políticos, la participación del 14-F fue la menor en unas catalanas (53,5%) a causa de la pandemia, y argumenta que más de 70.000 electores en cuarentena solo tuvieron la opción de votar presencialmente en las franjas horarias establecidas, dado que ya había finalizado el plazo para solicitar el voto por correo. Con todo, el informe refleja que la jornada electoral no supuso un repunte en el número de contagios y que se desarrolló sin incidentes destacables a pesar de que en los días previos la Sindicatura de Greuges recibió más de dos mil quejas de personas que habían sido elegidas por sorteo para integrar las mesas.
Ribó señala al respecto que “no es aceptable” que muchos ciudadanos no recibieran respuesta a su solicitud de exención cuando en algunos casos se trataba de “personas en situaciones de vulnerabilidad” y reclama establecer las medidas necesarias para ofrecer una resolución rápida y justificada de las alegaciones.