Ecologistas contra ecologistas
La creación de un nuevo barrio en El Prat de Llobregat, ciudad gobernada por los comunes, enerva a entidades de defensa del medio ambiente
El Prat de Llobregat
Desde la recuperación de la democracia, El Prat de Llobregat ha estado gobernada por formaciones políticas que izaban la bandera del ecologismo. Primero el PSUC, luego Iniciativa y ahora El Prat en Comú, que como sus predecesores comparte ejecutivo con el PSC. Durante décadas se llevaron a cabo políticas de recuperación del medio ambiente y ahora también hay proyectos en este sentido. Además, se alza voz en temas como la preservación del delta del río Llobregat. Sin embargo, un proyecto cercano a este enclave natural de gran valor está enfrentando al Ayuntamiento con colectivos vecinales y ecologistas.
El plan de la discordia es el Área Residencial Estratégica (ARE) El Prat Sud, un nuevo barrio que se está comenzando a alzar y que prevé casi 3.000 viviendas nuevas, la mitad de las cuales serán públicas aprovechando una figura urbanística poco llevada a la práctica. El colectivo vecinal Ni un Pam de Terra exige que no se realice y la oenegé ecologista Depana que se paralice temporalmente. Mientras tanto, el Ayuntamiento defiende sus bondades y su necesidad.
Depana ha compartido y comparte batallas con el Consistorio, como la oposición a la ampliación del aeropuerto. Pero en este tema discrepa. “El ARE no está situado ni dentro de la Red Natura 2000 ni en una zona de especial protección de las aves (ZEPA). No está formalmente protegido”, reconoce Jose García, vicepresidente de Depana. “Sin embargo, está dentro de un área de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad (IBA), que son las zonas con expectativas de protegerse según criterios científicos”, añade.
Tras la advertencia de la Comisión Europea a España bajo amenaza de sanción para que eleve la protección en el delta, la Generalitat trabaja en el crecimiento de los espacios protegidos. “Pedimos que se paralice hasta que se concrete la ampliación“, sintetiza García, que cree que esta es una de las zonas que debería pasar a estar resguardada.
El Ayuntamiento no está dispuesto a parar las obras. “Las expectativas son legítimas, pero no se sabe qué pasará. Es muy poco probable que esta zona se proteja”, expone Irene Martín, del consorcio formado por la Generalitat y el Consistorio que impulsa el ARE y responsable del servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento. Alega que el informe de impacto ambiental, elaborado por la Generalitat en el 2009, avala el proyecto “sin compensaciones ambientales”. Dicho de otro modo, no se detectó ninguna afectación remarcable desde el punto de vista ecológico.
Ni un Pam de Terra comparte la preocupación de Depana pero va más allá. “Planteamos que esta zona pase a ser parque agrario y que continúe con su uso agrícola”, propone Pere Bonet, miembro de la plataforma, que evoca los cultivos de alcachofas “recientemente arrasados por las máquinas”. Desde el Consistorio se recuerda que no todo aquello eran campos. Definen el terreno como un espacio periurbano desordenado, un descampado donde también había una chatarrería y se habilitó para plantar mientras no arrancaba la urbanización.
La coordinadora de Urbanismo del Ayuntamiento, Anna Comella, asegura que el ARE permite una transición amable con el parque agrario y recuerda que aquello es suelo urbanizable desde el Plan General Metropolitano (PGM) del 1976. “Hemos aprovechado el ARE para evitar que se construya a la antigua y aplicar un fuerte contenido social ”, dice. Incluye 300 pisos de alquiler social, equipamientos educativos, una residencia pública para ancianos, parques y contará con una doble red de agua para evitar el malgasto. “El Prat lleva desde los 80 con una población cercana a 63.000 habitantes. Hay presión para tener vivienda nueva, vecinos que se han visto expulsados”, remata Martín.
“Vamos en contra de la tendencia a hacer más ciudad en un contexto donde la covid ha hecho aumentar el interés por los espacios naturales y en un delta que ya ha sido muy castigado”, replican desde Ni un pam de terra, que apuesta por políticas de vivienda en la trama urbana.
Recientemente el debate se crispó con tres expedientes sancionadores a activistas: dos por entrar en una de las parcelas sin permiso y un tercero por encadenarse al Ayuntamiento. Según fuentes municipales, la tramitación de este último se ha suspendido. En los otros dos “se ha abierto un proceso de mediación para explorar fórmulas alternativas a las multas”. “Hay sensación de represalia”, lamentan desde Ni un Pam de Terra.
Se planean casi 3.000 viviendas en un espacio no protegido pero con ciertas expectativas de estarlo