Decisiones para la postalarma
Alas cero horas del próximo domingo el Gobierno dará por acabado el estado de alarma vigente en toda España. A partir de ese momento serán las comunidades autónomas las responsables del control de la transmisión del virus y podrán limitar derechos y libertades siempre con autorización judicial. Pero la gran pregunta que se hacen los responsables autonómicos y la ciudadanía es qué pasará a partir de ese momento.
La supresión del estado de alarma abre un escenario nuevo en el que, al menos hasta ayer, había y creemos que sigue habiendo muchas más preguntas que respuestas. Queda claro que si las autonomías deciden seguir aplicando restricciones, estas deberán ser avaladas por los tribunales o bien tendrán que pedir al Gobierno español una declaración de estado de alarma por zonas y con una limitación de dos semanas. A partir de ahí, muchas dudas sobre qué se podrá hacer a partir del próximo domingo.
La Generalitat ha tenido tiempo para debatir y preparar las medidas que adoptar tras decaer el estado de alarma, pero una vez más la imprevisión nos ha llevado a que no fuera hasta ayer que el Govern decidió no hacer ningún cambio en el marco normativo actual. El vicepresidente Pere Aragonès argumentó que se había decidido no modificar la ley de Salut Pública “para no generar más confusión”, con lo que admitía implícitamente que hasta ayer sí se había creado confusión sobre cómo afrontar la nueva situación jurídica. Por tanto, a partir del domingo, ya sabemos que acaba el toque de queda y se podrá entrar y salir de Catalunya, pero la Generalitat quiere seguir limitando las reuniones a un máximo de seis personas y restringir horarios y aforos de la restauración, para lo que deberá pedir autorización judicial.
También el Gobierno español trató ayer de poner orden en el nuevo marco ante las inquietudes de algunas autonomías. El Tribunal Supremo será clave tras decaer el estado de alarma pues, si una medida de una autonomía es rechazada por su Tribunal Superior de Justicia, la comunidad podrá recurrir al Supremo, que tendrá la última palabra y unificará criterios. Su primera intervención podría ser para ratificar o denegar el toque de queda que Baleares y la Comunidad Valenciana quieren seguir manteniendo. Cada gobierno autonómico deberá gestionar casuísticas diferentes en función de la incidencia de la covid en su territorio. Las medidas decididas ayer por los ejecutivos catalán y español deben servir para delimitar las actuaciones tras el estado de alarma, pero parece incomprensible que se tomen a solo cuatro días de entrar en vigor, cuando han tenido tiempo para analizarlas, debatirlas e incluso consensuarlas, cosa que no ha sucedido. Además, se trata de decisiones que siguen sin aclarar numerosos interrogantes que afectan a muchos sectores económicos que necesitan tener claras sus perspectivas de futuro para sacar adelante sus negocios y normalizar cuando antes su actividad.
El Govern descarta nuevas medidas “para no crear más confusión”, y las autonomías podrán recurrir al Supremo