Ampliadas hasta agosto la moratoria del alquiler y el parón de desahucios
El Ejecutivo blinda por real decreto las medidas de apoyo a familias vulnerables
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto de medidas urgentes para dar soporte legal a las medidas excepcionales que desde el estallido de la pandemia se han aprobado para paliar sus efectos económicos negativos en los colectivos más vulnerables, que exigen una cobertura jurídica extra una vez finalizado el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Entre esas regulaciones excepcionales está la formalización de la ampliación hasta el próximo 9 de agosto de la moratoria de alquileres y la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables que había anunciado el presidente del Gobierno el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados.
Esto significa que continuará vigente durante tres meses más la posibilidad de solicitar una moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de una vivienda de hasta el 50% si el propietario de esta es una entidad pública o un gran tenedor, entendiendo como tal el que posee diez o más inmuebles.
Durante estos tres próximos meses también continuará vigente la posibilidad que tiene el arrendatario de acogerse a una prórroga extraordinaria por seis meses de los contratos de alquiler en vigor con los mismos términos y condiciones, siempre que arrendatario y propietario no lleguen a un acuerdo para modificar en el sentido que consideren oportuno los términos de su contrato. Esta ampliación no será posible si el propietario de la vivienda hubiera reclamado el uso de esta para su necesidad personal.
Se mantiene vigente también la posibilidad de que el juez pueda suspender los desahucios en caso de impago del alquiler de una vivienda habitual, siempre que esta sea propiedad de una entidad pública o un gran tenedor y que el procedimiento cuente con un informe por parte de los servicios sociales que acredite la situación de vulnerabilidad, la existencia de personas dependientes o menores a cargo o se constante que la persona afectada es víctima de violencia de género. La paralización del desahucio será posible incluso cuando la relación entre los habitantes de la vivienda y los propietarios de la misma no esté rubricada bajo un contrato.
Dado que esta medida desde que se aprobó ha recibido abundantes críticas por parte de los representantes del sector inmobiliario, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana volvió a puntualizar ayer en un comunicado que su alcance es menos amplio que el que se apunta y que solo busca cubrir situaciones de extrema vulnerabilidad. Por eso, recuerda que tanto la suspensión del desahucio como la moratoria del alquiler son medidas que solo pueden ser solicitadas en una ocasión durante el tiempo que permanezcan vigentes.
Además, recordó que no se aplican a los pequeños propietarios y que hay excepciones para los grandes tenedores.
Por ejemplo, nunca podrá suspenderse un desahucio si la vivienda afectada es la vivienda habitual o la segunda residencia del propietario.
Tampoco si la vivienda afectada por esa solicitud fuera un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que lo utilice como domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
Un juez no podrá aplicar estas excepciones si está probado que la entrada o permanencia en el inmueble se hubiera producido mediando intimidación o violencia sobre las personas. Y, en ningún caso, si la entrada en el inmueble se ha producido con posterioridad a la entrada en vigor de la primera legislación que preveía estas excepciones.
Tampoco si existen indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
Todos estos procedimientos prevén que a los afectados por la situación de vulnerabilidad se les ofrezca una situación habitacional digna en los tres meses posteriores a la emisión del informe de los servicios sociales.
En el caso de que no se ofrezca esa solución, los propietarios del inmueble, ya sean entidades públicas o grandes tenedores, tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.
Hasta ahora el plazo que tenían para solicitar esta compensación era de un mes desde la finalización del estado de alarma, es decir, hasta el 9 de junio. Con la modificación aprobada ayer se amplía el plazo para presentar dicha solicitud hasta el 9 de septiembre.
Por otro lado, el real decreto de medidas urgentes también dará soporte legal a otras decisiones aplicadas a lo largo de la pandemia para dar cobertura a los hogares más vulnerables. Así, se amplía hasta el 9 de agosto del 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y se extiende esta prórroga a los perceptores del bono social.
El texto aprobado ayer también establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal.
Se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre del 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo periodo, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno.
También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.
HASTA EL 9 DE AGOSTO Garantizados los suministros básicos y prorrogado el bono social
JUNTAS DE VECINOS Podrán ser telemáticas si todos los propietarios disponen de medios