Caos judicial tras el estado de alarma
La reforma legal para que los TSJ controlen las restricciones de cada autonomía da pie a resoluciones encontradas
Las reformas del Gobierno son una invitación al caos”. Estas son las palabras de uno de los encargados de revisar las resoluciones judiciales sobre las restricciones que las comunidades autónomas están acometiendo tras el fin del estado de alarma. Desde que el 9 de mayo el Ejecutivo puso fin a la medida de excepción, los gobiernos regionales están imponiendo los límites dentro de su territorio para intentar frenar la expansión de la covid.
Sin embargo, estas restricciones deben ir autorizadas por los tribunales superiores de justicia de cada comunidad. La razón es que el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la ley en septiembre del pasado año para dar esta función de control a estos órganos judiciales autonómicos. Ya entonces se temía que podía ocurrir lo que finalmente ha sucedido. Se están adoptando decisiones contradictorias. Cada tribunal está interpretando de forma distinta la ley de 1986 de Salud Pública, que se está aplicando en las restricciones.
Son dos los puntos más problemáticos: el toque de queda y los cierres perimetrales. No hay consenso sobre si esta restricción de derechos fundamentales como la libertad de movimientos, libertad ambulatoria o el derecho de reunión pueden acordarse sin un estado de alarma. La ley de salud pública está limitada al respecto y son muchas las voces que han reclamado una reforma, que nunca ha llegado, ante una previsible falta de consenso.
Lo que sí se impulsó desde Vicepresidencia fue aprobar un decreto ley, con entrada en vigor el 9 de mayo, el día que se daba por acabado el estado de alarma, para dar un paso más judicialmente y que las resoluciones de los TSJ fueran revisados por el Tribunal Supremo a través de recursos de casación. Esta decisión, que no fue consultada con el propio tribunal, sentó como un jarro de agua fría en el Supremo, que considera que el Gobierno ha trasladado el peso de las decisiones sobre las restricciones a sus espaldas. “El Supremo se va a convertir en el legislador para las restricciones para frenar la covid”, se lamentan magistrados del órgano.
Estos reprochan al Ejecutivo que les traslade la responsabilidad de fijar los límites de las restricciones de los derechos fundamentales afectados por estas medidas. La razón de ser de ese último decreto ley es que el Supremo fije una doctrina para que sea aplicada por el resto de tribunales superiores de justicia y de alguna manera se establezca una sintonía en las futuras resoluciones.
Sin embargo, esa esperada postura de la Sala de lo Contencioso Administrativo podría no llegar tan rápido como pretendía el Gobierno.
Por ahora, al Supremo no ha llegado ningún recurso para estudiar la proporcionalidad de la medida del toque de queda nocturno. Tribunales superiores como el del País Vasco, Canarias o Navarra se han opuesto a esta medida al considerar que el “ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado”. Mientras, el tribunal de Valencia ha autorizado el toque de queda nocturno, y el de Galicia ha permitido los cierres perimetrales de determinados territorios.
Por ahora, el único gobierno autonómico que ha recurrido la resolución es el canario pero ha desistido de poner encima del tablero del Supremo el toque de queda, para limitar su recurso a la negativa de los cierres perimetrales. “Si no impugna ninguna de las partes los toques de queda debemos ser congruentes” y no entrar sobre el tema, explican desde el Alto Tribunal.
Esto significa que, por lo menos por ahora, la Sala no entrará en el fondo de asunto, dejando así vía libre para que el resto de tribunales sigan adoptando las decisiones que consideren oportunas. Además del recurso del Gobierno canario, que llegó al Supremo el pasado jueves, tienen otro presentado tanto por la Fiscalía como por la Junta de Andalucía, contra la resolución por la que se rechaza el confinamiento del municipio granadino de Montefrío. En ese caso, la Sala determinó que “no es posible amparar interpretaciones extensivas que dieran cobertura jurídica a una limitación de derechos fundamentales de forma indiscriminada y masiva”.
En el primer escrito presentado por la Fiscalía ante el Supremo, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, reconoce la “radical discrepancia de criterio entre los distintos tribunales superiores”. Su criterio es que se debe analizar la zona que se pretende cerrar. No es lo mismo fijar un cierre de toda una comunidad que la de una localidad con una elevada incidencia de contagios. “Una interpretación del artículo 3 de la ley orgánica 3/1986 absolutamente excluyente, sin matices, de la posibilidad misma de adoptar medidas sanitarias preventivas frente al contagio fuera del específico supuesto del control de personas enfermas y sus contactos directos, puede determinar un grave daño para el interés general que se concreta en la protección de la salud pública”, explica. La posición de la Fiscalía, según fuentes de este órgano, es contraria a la autorización judicial del toque de queda, por lo que se prevé que a partir de ahora se informe en contra de este.
También se ven desde el ministerio público ciertas dudas constitucionales respecto al cierre total de una comunidad autónoma e incluso a limitar las reuniones dentro de un domicilio. Otra cosa son los aforos de los locales y horas de cierre de la hostelería, que en ningún caso afectan a derechos fundamentales.
De hecho, en este primer escrito, el fiscal ya califica de “insuficiente” la ley de Salud Pública para poder acometer estas restricciones. “La falta de previsibilidad y certeza constituye un problema constitucional cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal Constitucional”, recoge el escrito. Otra de las claves que da es la exposición de motivos del real decreto de declaración del estado de alarma, en el que se dice textualmente: “En una situación epidemiológica como la actual, resulta imprescindible combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del derecho de excepción”.
Para la Fiscalía, esto significa que “el propio legislador está distinguiendo entre dos clases de medidas restrictivas de derechos, con lo que –por lógica– las reguladas en el real decreto, entre ellas los cierres perimetrales, anidarían en el ámbito propio del derecho de excepción”. En esta afirmación, se excluiría el cierre de una zona específica en la que se ha detectado una especial incidencia de contagios. El Supremo tiene ahora un plazo de cinco días para resolver. Sobre el toque de queda, todavía hay que esperar. ●
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