Piedras contra la política

Mañana miércoles termina el plazo para pagar la fianza de 5,4 millones de euros que, en concepto de responsabilidad contable, se les reclama a los políticos y altos funcionarios implicados por el Tribunal de Cuentas en el caso del presunto uso irregular de fondos públicos en la acción exterior de la Generalitat durante las presidencias de Artur Mas y Carles Puigdemont. El órgano fiscalizador ha rechazado conceder una ampliación del plazo de pago, como solicitaron varios de la treintena de excargos señalados. Si las defensas no abonan la caución correspondiente, se activará automáticamente el embargo de bienes. Usando la terminología del exministro Ábalos, estas causas en el Tribunal de Cuentas son piedras en el camino del imprescindible diálogo entre el Gobierno y el Govern, y un obstáculo considerable para la normalización política en Catalunya.

La Generalitat, mediante un decreto ley, ha creado un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros, gestionado por el Institut Català de Finances. Con esta medida, que ha tenido el apoyo del PSC, se pretende que la administración catalana intervenga como contraaval del aval que presente una entidad financiera para dar cobertura a las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos autonómicos. La Generalitat aparece como perjudicada en el acta de liquidación provisional pero el Govern insiste en negar esta condición, pues recuerda que el Estatut contempla el impulso de políticas en el ámbito internacional. El Tribunal de Cuentas considera que la acción exterior promovida por las autoridades catalanas entre el 2011 y el 2017 está relacionada con el procés y la difusión del proyecto independentista, un enfoque discutible y exagerado, si se analiza el contenido de todos los viajes e iniciativas desarrolladas, varias de las cuales eran de carácter meramente comercial y económico.

Nuevamente, debemos lamentar que el retorno a los cauces políticos del pleito catalán se vea dificultado por dinámicas que, con enfoques más o menos controvertidos, desbordan la voluntad de tender puentes y buscar zonas de coincidencia para salir del bloqueo. Hay inercias que tienden a empeorar el paisaje político. El Tribunal de Cuentas, un órgano cuyo funcionamiento es manifiestamente mejorable, se ha convertido en protagonista incierto de un momento muy delicado, que exige cantidades enormes de sentido común, paciencia y voluntad de restañar heridas. Hay que esperar que, dentro de los márgenes propios de la normativa vigente, se aparten las piedras del camino y pueda reforzarse la senda del diálogo, la única que puede alumbrar soluciones plausibles. ●

El Tribunal de Cuentas rechaza ampliar el plazo para pagar los 5,4 millones de euros