Choque en el Govern tras el rechazo de los bancos a avalar las fianzas del ‘procés’
Giró evita implicar al ICF en la causa del Tribunal de Cuentas e irrita a ERC
El plazo para presentar la fianza de 5,4 millones ante el Tribunal de Cuentas acaba hoy sin que el Govern haya encontrado una entidad financiera que la avale. Ahora se busca recursos en los partidos.
Aunque el conseller de Economia, Jaume Giró, repitió durante días y días que era “jurídicamente impecable”, el decreto ley que ponía en marcha el fondo que daría cobertura económica a la fianza de 5,4 millones finalmente –o al menos por ahora– no se ha activado. Economia ha hecho lo imposible para convencer a alguna entidad financiera para que asumiera directamente el aval de la cuantía impuesta por el Tribunal de Cuentas a 34 excargos de la Generalitat, pero no lo ha conseguido y los afectados tendrían que aportar su patrimonio personal. Con todo, la decisión del conseller en las filas de Jxcat de no recurrir al plan B, que sea el Institut Català de Finances (ICF) quien pague, ha irritado a ERC, socio en el Govern.
La discrepancia se da cuando hoy se agota el plazo para hacer efectiva la fianza, pero es probable que el embargo de bienes no se produzca inmediatamente. Junts muestra su apoyo incondicional a su conseller; en ERC discrepan y su parte en el Govern ha estado presionando para que el ICF, de carácter público, se hiciera cargo.
Y es que en una disposición transitoria del decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos se expone que el ICF asumirá “con carácter excepcional” el pago, “sin perjuicio que sea sustituida posteriormente”.
Economia, sin embargo, no lo ve claro. Los republicanos replican y aducen que el debate se tendría que haber hecho en el momento de creación del decreto, hace dos semanas, y argumentan que los servicios jurídicos aseguran que no hay ningún riesgo de malversación. Al mismo tiempo, recuerdan que tanto el PSC como la Moncloa admiten que en principio no ven en el mecanismo ninguna irregularidad. Una cuestión que Giró recordó, precisamente, durante la rueda de prensa de ayer tras el Consell Executiu, así como también que el Consell de Garanties Estatutàries aún tiene tiempo hasta el 29 de julio para emitir un informe. De hecho, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, matizó por la tarde y aseguró que se recuperaría el fondo y se ganaría la confianza de los bancos si este organismo –cuyas decisiones no son vinculantes– da el visto bueno al decreto.
Giró dio razones para retroceder. Subrayó que “vistos los antecedentes” no está dispuesto a “someter a ningún profesional del ICF a dar curso a una operación que provocaría angustia, inquietud y miedo a ellos y a sus familias”. “No quiero que corran el riesgo si no es estrictamente necesario”, añadió aseverando que no había recibido indicaciones de nadie para tomar la decisión.
La CUP se añade a la crítica y avisó de que “no tiene sentido” que no sea “el ICF quien dé la cobertura a los trabajadores públicos”. En Esquerra razonan de la misma manera. Hacen referencia, además, a las palabras de la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, de hace dos semanas –justo el día antes de explicar Giró el mecanismo de avales y contraavales– con las que pidió que el Govern avalara “sin fisuras” el importe. Sin embargo, desde Junts aseguran que la portavoz republicana, Marta Vilalta, expresó dudas el mismo día ante la posibilidad de que la Generalitat garantizara el dinero.
Según fuentes del Govern, Giró se plantea pedir una prórroga nuevamente al Tribunal de Cuentas, aunque este denegó concederlo ante la petición de algunos de los implicados.
Sea como sea, el conseller admitió que pese a los esfuerzos, las primeras entidades financieras contactadas, tanto bancos como cooperativas de crédito, “todas ellas con un negocio significativo en Catalunya, no han considerado oportuno aceptar” el ofrecimiento de formalizar el aval.
Eso sitúa la pelota ahora en el terreno de juego internacional, ya que el Govern busca el apoyo de entidades financieras extranjeras. Pero la pelota también la tienen en juego en la Caixa de Solidaritat, ente creado hace unos años para sufragar fianzas y costes de todos aquellos encausados por el procés. Cuenta con un millón de euros. Quedan lejos de los 5,4 millones, pero entidades y partidos independentistas también trabajan para recaudar dinero.
Es el caso de Junts. Su secretario general, Jordi Sànchez, dirigió una carta a sus afiliados con un número de cuenta a fin de que hicieran aportaciones. También ERC tiene previsto ayudar económicamente. Según indican desde el partido, una de las opciones es avalar con sus propios recursos.
Giró se plantea pedir una prórroga al Tribunal de Cuentas y busca el apoyo de una entidad extranjera
Los republicanos replican al conseller y recuerdan que por ahora ni la Moncloa ni el PSC ven anomalías
Aragonès cree que si el informe del Consell de Garanties es favorable los bancos podrían cambiar de opinión
La Caixa de Solidaritat tiene un millón, Junts crea una cuenta y ERC considera aportar sus propios recursos