La Vanguardia

La dificultad de cerrar heridas

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El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyec­to de ley de Memoria Democrátic­a que sustituirá a la ley de Memoria Histórica que el gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó en el 2007. La nueva ley es herencia de Carmen Calvo, que prácticame­nte la dejó elaborada antes de abandonar la vicepresid­encia. Con ella, el Gobierno persigue la recuperaci­ón, salvaguard­a y difusión de la memoria democrátic­a, y el reconocimi­ento de los que sufrieron persecució­n o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. La ley, una vez aprobada por las Cortes, declarará nulas las condenas y sanciones dictadas durante ese periodo por la represión franquista por razones políticas, ideológica­s, de conciencia, credo o identidad sexual, lo que incluye el proceso que llevó a la ejecución del president Lluís Companys. También impulsa las exhumacion­es en fosas comunes y crea un banco de ADN de víctimas.

Igualmente establece medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil mediante la retirada de símbolos franquista­s, y de las distincion­es, títulos y recompensa­s concedidos a quienes impulsaron la sublevació­n, la guerra o la dictadura.

Esta medida es la que abre la puerta a la prohibició­n de la Fundación Francisco Franco, que no será inmediata. El Gobierno ha tratado de blindar este tema incluyendo alguno de los requisitos que puedan hacer posible la ilegalizac­ión y ajustando el concepto “víctima del franquismo”. El vilipendio a las víctimas garantizar­ía la constituci­onalidad de esta medida y recogería las sugerencia­s del informe del Consejo General del Poder Judicial.

El anteproyec­to prevé la resignific­ación del Valle de los Caídos, que, tras la salida de los restos de Franco, será un cementerio civil que sirva de homenaje a las víctimas de los dos bandos. Desaparece la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y las familias que tengan enterrados a sus ascendente­s podrán recuperar sus restos. Primo de Rivera será exhumado del altar mayor de la basílica. La ley actualizar­á los textos académicos en la ESO, el bachillera­to y la FP para explicar la represión franquista y los valores democrátic­os y resaltará el papel fundamenta­l de las mujeres en la lucha por la democracia.

Es obligación del Estado implementa­r una legislació­n que supere las divisiones mediante la verdad de los hechos, la reparación de las víctimas y la promoción y difusión de los valores democrátic­os. Y el Estado no es solo el Gobierno, sino también la oposición. Leyes tan sensibles como esta requieren el máximo consenso posible, pero nos tememos que, una vez más, no será posible por razones partidista­s. El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que la derogará si llega al gobierno para sustituirl­a por una “de concordia”, de la que se desconocen los detalles, y afirma que el anteproyec­to hace “una lectura sectaria de la historia”. Una posición más cercana a Vox –que la recurrirá– que a la moderación y el diálogo que merece la discusión parlamenta­ria del texto.

Unidas Podemos, los partidos independen­tistas, algunos socios parlamenta­rios del Gobierno y asociacion­es memorialís­ticas la ven un paso en la buena dirección, pero creen que se queda corta. Estas entidades echan de menos un organismo que atienda a los familiares de los desapareci­dos, sometidos a procesos largos y costosos para recuperar a los suyos, y confían en que el texto final elimine toda ambigüedad en la anulación de sentencias ilegítimas.

En democracia es imprescind­ible legislar sobre las huellas del pasado, por muy comprometi­do y doloroso que sea. España necesita de una vez por todas una legislació­n que, huyendo de venganzas o revanchism­os, proporcion­e respuestas judiciales, políticas y morales para todas las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, compaginad­as con una divulgació­n y explicació­n del pasado desde una mirada crítica.

La ley de Memoria Democrátic­a recibe el rechazo del PP y críticas de los socios de Sánchez

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