El Govern rectifica y avala con el ICF las fianzas del Tribunal de Cuentas
Los avales de los 34 excargos de la Generalitat llegan con retraso tras un viraje de la Conselleria d’economia motivado por el choque entre ERC y Junts
Los 34 excargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior desarrollada entre los años 2011 y 2017 por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont tenían previsto formalizar ayer las fianzas reclamadas de 5,4 de millones de euros, antes de que a medianoche expirara el plazo, con el aval del Institut Català de Finances (ICF). No obstante, una hora de antes de medianoche aún faltaba un requisito formal. Fuentes de la causa aseguraban que las cantidades se entregarían a primera hora de hoy, aunque ya estarán fuera de plazo y deberá ser estudiado por el tribunal si se admiten.
Este movimiento fue posible después de que el Govern, tras muchas idas y venidas, rectificara su posición y activara al ICF para dar cobertura a tales pagos. El consejo de administración de este organismo aprobó la operación pasadas las nueve de la noche.
Los implicados debían aportar individualmente los avales otorgados por el ICF para cumplir con la notificación de la liquidación provisional exigida por el Tribunal de Cuentas. A pesar de ello, se mantiene la incógnita sobre si este procedimiento será rechazado y entonces a los excargos de la Generalitat no les quedará más remedio que avalar las fianzas con su propio patrimonio para evitar los embargos. Esto es lo que deberá dilucidar en los próximos días la delegada instructora del órgano fiscalizador, aunque está previsto que antes reclame informe a la Fiscalía para conocer su criterio al respecto de los avales.
Fuentes del Tribunal de Cuentas explican que se deberá dirimir si los avales del ICF son considerados un fraude de ley, porque se trata de dinero público de la Generalitat, considerada perjudicada en la causa contable. Desde las defensas de los encausados se sostiene, en cambio, que los avales están protegidos por el decreto ley aprobado por el Govern el pasado día 6 para cubrir económicamente a los cargos de la Generalitat en el ejercicio de sus funciones y que hasta ahora no ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional. Un decreto ley que la próxima semana está previsto que sea validado por el pleno del Parlament, una vez se conozca el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries solicitado por PSC, Cs y PP.
La activación del ICF para avalar las fianzas llegó después de la división visualizada en las últimas horas entre los socios del Govern, ERC y Jxcat, a cuenta sobre todo del papel desempeñado por el conseller de Economia, Jaume Giró, que se ha situado en el ojo del huracán por los vaivenes mostrados en torno a esta cuestión. Giró no se había cansado de repetir que el decreto ley que ponía en marcha el fondo que daría cobertura económica a las fianzas era “jurídicamente impecable”, pero después de no encontrar ningún banco que quisiera hacerse cargo de los avales optó por no recurrir a la alternativa prevista del ICF a fin de no poner en riesgo, según justificó el martes tras la reunión del Govern, al personal del organismo público.
La decisión no gustó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hizo saber al conseller que el Govern sí activaría al ICF y que así lo anunciaría en la sesión
Economia recurre en paralelo el plazo para depositar las fianzas y pide una prórroga de quince días
de control del día siguiente en el Parlament. Desde Jxcat, Jordi Puigneró y Jordi Sànchez se movieron para que el hecho no pudiera ser interpretado como una desautorización del titular de Economia, y al final se acordó que sería el propio Giró quien daría a conocer el cambio. Y esto es lo que hizo ayer, después de una reunión previa con Aragonès en su despacho del Parlament en la que también estuvieron presentes directivos del ICF, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en una pregunta de Elsa Artadi sobre el regreso de la Generalitat a los mercados. El episodio de tensión se cerró con el agradecimiento público del presidente de la Generalitat al “compromiso” y al “trabajo conjunto” demostrados por el conseller de Economia.
En paralelo, el Govern hizo efectivo, además, un recurso contra el plazo fijado por el TCU para presentar los avales y pidió una prórroga de quince días hábiles con el pretexto de “poder realizar todas las comprobaciones”. Esta petición es un movimiento del Departament d’economia que pretende ganar tiempo. La esperanza es que el Consell de Garanties Estatutàries emita un dictamen favorable al contenido del decreto ley que sirva para tranquilizar a las entidades bancarias y para que alguna de ellas reconsidere su negativa y se avenga a avalar las fianzas, lo que conllevaría la retirada del ICF, en un momento en el que la solicitud de la ficha para convertirse en banco público vuelve a estar encima de la mesa.
Además de ERC y Jxcat, la CUP celebró igualmente la apuesta por el ICF para cubrir los avales, aunque lamentó las dudas y reprochó a los socios del Govern que la decisión no se hubiera tomado ya el día antes. En la oposición, Cs pedirá a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que no acepte esta maniobra, mientras que Vox mostraba su disposición a llevar a la Generalitat a los tribunales también por esta cuestión.