La extraña naturaleza del Tribunal de Cuentas

Desde el siglo XV existen en España contadores mayores, figuras antecesoras de los actuales Tribunales de Cuentas, que dependían directamente del rey o del Ministerio de Hacienda en función de la época. En la monarquía de los Austrias, estaba vigente el sistema polisinodial, en el que se confundían las funciones administrativas y judiciales del órgano fiscalizador; posteriormente Fernando VII creó el Tribunal Mayor de Cuentas, otorgándole la doble función gubernativa y judicial.

Este órgano, durante la dictadura de Primo de Rivera, no solo realizaba un control a posteriori del gasto, sino incluso un control previo. Proclamada la II República se restablece la situación anterior de simple control externo a posteriori del gasto de las administraciones públicas, pero dependiente de las Cortes.

Con posterioridad a la Guerra Civil pasó a depender del jefe del Estado, recuperando su subordinación a las Cortes Generales con la Constitución de 1978, que, en virtud del artículo 136, estableció que los miembros del tribunal “gocen de la misma independencia e inamovilidad” que los magistrados, pero sin aclarar tampoco su exacta naturaleza, científicamente hablando, lo que permite que una amplia mayoría de tratadistas defiendan la tesis administrativista de este supuesto tribunal, como ponía de manifiesto el propio legislador al aprobar la ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en 1988, en cuya exposición de motivos se reconoce la dificultad de compatibilizar la jurisdicción contable con los principios de unidad y exclusividad de la jurisdicción reconocidos en el artículo 117 de la Constitución Española.

Finalmente, la pretendida independencia del Tribunal de Cuentas mal se entiende, a la vista de la dependencia jerárquica directa de las Cortes Generales, que establece el artículo 136.1 de la Constitución Española.

El Tribunal de Cuentas no se regula en la Constitución en el título dedicado al Poder Judicial, sino en el que versa sobre “Economía y Hacienda”, además de que el estatus jurídico de sus miembros claramente les aleja de la condición de jueces o magistrados, pues no se hallan sujetos al Poder Judicial, amén de carecer de la neutralidad propia de la magistratura, por la condición de fiscalizadores de las cuentas públicas.

En la actualidad, ante las decisiones tomadas frente a los políticos catalanes indultados, se vuelve a poner en entredicho la independencia de los miembros del tribunal, por no poder renovarse a diversos vocales, ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP.

La guinda del desprestigio de este organismo atípico de control del gasto público ha venido de la mano de las nuevas actuaciones desarrolladas para liquidar una supuesta responsabilidad contable de los condenados, pese a que consta garantizada por estos en el procedimiento seguido ante el Tribunal Supremo, la cantidad de 4.146.274, 97 euros, que fue determinada en el acta de liquidación provisional de 28 de enero del 2020 del propio tribunal.

Como la propia abogada del Estado Rosa María Seoane López afirma en su escrito, aquella acta de liquidación provisional ya incluía la totalidad de los gastos que el Tribunal Supremo tuvo en cuenta para fundar la condena por malversación. Siendo la función del Tribunal de Cuentas esencialmente fiscalizadora, y contando la Sala Segunda del Tribunal Supremo con todos los datos, no se comprende cómo se produce ahora esa sorpresiva nueva liquidación cuando, por los hechos del procés, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como órgano judicial de enjuiciamiento, ya tiene garantizadas todas las responsabilidades económicas derivadas de aquellos hechos.

El estatus jurídico de sus miembros les aleja de la condición de jueces o magistrados