El ICF aprobó el aval gracias al voto de calidad del presidente
La votación en la junta registró un empate a tres entre partidarios y contrarios
A pesar de las diferencias internas, la interlocución entre Aragonès y Puigneró es “fluida y efectiva”
Castellanos, en las filas de ERC, es el único que firma los avales enviados al Tribunal de Cuentas
La CUP avisó el martes a Esquerra y Junts que no validaría el decreto si la Generalitat no cubría a los afectados
No solo hubo disensiones entre los dos socios del Govern, Esquerra y Junts, con respecto al pago de la fianza de 5,4 millones de euros al Tribunal de Cuentas por la acción exterior de 34 excargos de la Generalitat. También hubo división en el Institut Català de Finances (ICF), el ente de carácter público designado por decreto ley del Govern para aportar los avales de 29 de ellos en caso de no encontrarse un banco, como ha sido el caso. Según ha podido saber La
Vanguardia, la dirección del ICF asumió el cometido el miércoles por la tarde tras una votación en la que tres de sus miembros se mostraron favorables (todos ellos de adscripción política) y tres más en contra (independientes). El resto, abstenciones, entre ellos el consejero delegado, Víctor Guardiola. El voto de calidad del presidente del organismo, Albert Castellanos, decantó la balanza.
Castellanos, en las filas de ERC, es, además, el único cargo que firma los avales. La discusión en la reunión del ICF se centró en el hecho de que esta entidad solo concede avales cuando tiene detrás un contraaval. Los tres miembros que votaron a favor se remitieron al decreto ley firmado por el Govern, que capacita al ICF.
La votación se produjo una vez que el ICF supo del replanteamiento del conseller de Economia, Jaume Giró, que el martes en rueda de prensa tras la reunión del Govern afirmó que no quería que los trabajadores de la entidad financiera pública “corran riesgos”, para al día siguiente desdecirse en sede parlamentaria y asignarle el pago de la fianza. Giró replanteó su posición tras una reunión que mantuvo con Pere Aragonès en su despacho en el Parlament de Catalunya. El presidente de la Generalitat reclamó al conseller que activara el ICF. Pocos minutos después, el titular de Economia anunciaba la rectificación de viva voz en el hemiciclo.
Con todo esto, la relación entre los socios del Govern vuelve a estar enrarecida. A cuenta precisamente del papel que debía tener el ICF se ha desencadenado el primer encontronazo serio de la legislatura entre ERC y Jxcat, cuando ni tan siquiera han transcurrido dos meses de mandato.
El protagonista principal de este primer choque –después de la polémica habida a mediados de junio por la asistencia o no a una cena en la que participaba también el rey Felipe VI que finalmente quedó en una tormenta en un vaso de agua– es, sin duda, el conseller de Economia. Y es que Giró ha estado estos días en el centro de los focos por su negativa inicial a activar el ICF. Las disputas internas, en todo caso, existen, pero no se airean. “La diferencia respecto a la anterior legislatura es que, de momento, ahora hay menos ruido, porque las diferencias se ventilan internamente y externamente no transcienden”, han explicado a La Vanguardia fuentes del Govern.
Medios de Jxcat precisan que esto es así en parte porque la interlocución entre Aragonès y el número dos del Govern y principal representante de la formación de Carles Puigdemont, Jordi Puigneró, es “fluida y efectiva”, lo cual contribuye a “sofocar los conatos de discrepancias” sin mayores problemas. Aun así, las mismas fuentes reconocen que “la desconfianza vuelve a estar presente”, si es que alguna vez había desaparecido, en la relación entre los socios, pero, “aunque estemos más o menos como siempre”, con la firme determinación de “preservar la estabilidad del Govern”.
Pero con la cuestión del ICF las tiranteces se dieron tanto dentro del Govern como entre los tres partidos independentistas presentes en el Parlament. El martes, cuando aún dominaba el discurso de que la entidad pública no iba a hacerse cargo del aval de 5,4 millones, la CUP avisó a ERC y Junts que no estaba dispuesta a validar la próxima semana en la Cámara catalana el decreto ley de creación del fondo dotado con 10 millones de euros para pagar la fianza. Dos razones esgrimieron los cuperos: primera, que no tiene sentido aprobar una norma que el propio Govern no habría cumplido, pues el decreto recoge negro sobre blanco que la alternativa o plan B al aval de una entidad financiera es el ICF; segunda, que el Govern debe dar respuesta a unos afectados por la fianza que han sido sancionados siguiendo directrices de la Generalitat.
Pero el rifirrafe entre bambalinas más serio se dio entre ERC y Jxcat. Los republicanos aseguran que conocieron la decisión de no “someter a ningún riesgo” a los servidores del ICF durante la rueda de prensa de Giró. Junts cerró filas con el conseller y reprochó a ERC las dudas, en su opinión, que expresó hace dos semanas ante la posibilidad que fuera la Generalitat la que garantizara el aval.