El Tribunal de Cuentas estudia ya el decreto para avalar los 5,4 millones
La instructora concedió in extremis dos días más para aportar las fianzas
El Tribunal de Cuentas está analizando ya el decreto ley aprobado por la Generalitat para permitir que el Institut Català de Finances (ICF) concediera el aval a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por una presunta responsabilidad contable por el desarrollo de la acción exterior entre 2011 y 2017.
La delegada instructora de la causa comenzó ayer a analizar las certificaciones remitidas por el acuerdo del Govern para conceder los avales. Esta funcionaria será la que tenga que decidir si un organismo público puede cubrir las fianzas de los encausados, por gastos presuntamente indebidos para promocionar internacionalmente el procés.
En este asunto, la perjudicada es la Generalitat –aunque se haya abstenido de personarse como tal– porque el mal uso de los fondos proceden de las arcas catalanas. Por eso, fuentes del tribunal creen que podría ser un fraude de ley. No obstante, la delegada podría dar traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que se posicione al respecto. El Gobierno ha preferido tirar balones fuera sobre este asunto y ya el exministro de Justicia Juan Carlos Campo anunció que los servicios jurídicos de Estado no iban a presentar demanda en este proceso contable, paso siguiente tras la liquidación provisional.
El Tribunal de Cuentas ya tiene encima de la mesa los avales de los 34 presuntos responsables contables. Aun así, en el último momento accedió a prorrogar dos días más el plazo para entregar las fianzas. Oficialmente, este acababa el miércoles a las 12 de la noche.
Hasta la tarde de ese mismo día, los encausados no tenían el visto bueno del ICF para acceder a los avales. Finalmente se dio luz verde, pero entonces se encontraron con un problema formal que impidió llegar a tiempo con la entrega en el tribunal.
Los avales fueron llegando a media mañana de ayer cuando ya estaban fuera de plazo. Sin embargo, la delegada instructora sí recibió la certificación con el acuerdo del Govern que autorizaba a los avales. Al faltar únicamente los requisitos formales accedió a prorrogar 48 horas el plazo, que acaba a las 12 de la noche del próximo lunes.
Cinco de los implicados se abstuvieron de recibir el aval del ICF. Según explican fuentes de la causa, en sus casos las cantidades eran muy pequeñas y optaron por afianzarlo directamente ellos o con sus bienes.
Una vez que la delegada estudie la documentación, dictaminará, en una resolución motivada, si acepta o rechaza las fianzas aportadas. Uno de los escollos será la naturaleza estatutaria del propio ICF. El tribunal estudiará si el organismo tiene potestad para llevar a cabo este tipo de funciones. Fuentes de la causa reconocen que el plan inicial de obtener una aval por parte de una entidad bancaria era más limpio. No habría manera de que el Tribunal de Cuentas pudiera rechazarlo, mientras que siguiera en vigor el decreto ley por el que se creó un fondo que actuaría de contra aval del banco que lo concediese. Había negociaciones abiertas, pero finalmente no lograron cerrar ningún acuerdo. La otra opción era lograr recaudar la cantidad a través de la caja de solidaridad, pero no ha alcanzado a obtener todo el dinero.
Si finalmente se decidiera no admitir las fianzas, la delegada procederá al embargo de los bienes y cuentas de los implicados. Esto no significa que si estos aportan nuevos avales puedan evitar el embargo.
Otra opción es que durante este tiempo se logre, a través de la sociedad civil, recaudar los 5,4 millones de euros.
La delegada procederá al embargo de los bienes si no admite el aval del ICF por fraude de ley