Respaldo sanitario a la directora balear imputada por confinar a 200 jóvenes
Instituciones sanitarias y políticas apoyan a la directora de Salut Pública de les Balears, Maria Antònia Font, tras haber sido imputada por un posible delito de detención ilegal de los estudiantes en viaje de estudios que quedaron confinados en un hotel de Mallorca al ser contactos estrechos de varios contagiados. Una jueza de Palma ha admitido la querella presentada por una de la madres de los jóvenes aislados ya que entiende que puede haberse cometido un delito de detención ilegal.
La Societat de Salut Pública de Catalunya y Balears emitió ayer un comunicado en que muestra su “preocupación y desaprobación” por la “creciente intromisión” de algunos miembros del poder judicial de interferir en decisiones técnicas sanitarias orientadas a disminuir el riesgo de contagios por la covid. Señala que se sienten especialmente preocupados por la citación judicial a Font.
“Creemos que este tipo de decisiones minan la credibilidad y la autoridad de las administraciones sanitarias contribuyendo a la confusión respecto a la gestión de la pandemia y a dificultar actuaciones de carácter urgente dirigidas a la preservación de la salud pública”, añade el comunicado.
El Ministerio de Sanidad también ha salido públicamente en defensa de la directora general y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, mostró ayer su apoyo a este alto cargo de la Conselleria balear de Salut. Los partidos de la oposición en Baleares respaldan a la directora general, pero denuncian una “chapuza jurídica” del Govern de Armengol, según la diputada del PP Núria Riera.
La directora firmó la orden para fijar el confinamiento forzoso de más de 200 jóvenes que permanecían en diversos establecimientos de la Platja de Palma el pasado 25 de junio. La Guardia Civil fue enviada a los hoteles para confinar a los jóvenes en el hotel Covid de Palma, algo a lo que se negaron muchos de los jóvenes por lo que fue preciso aprobar ya de madrugada una orden administrativa.
Esta medida fue anulada poco después por un tribunal de Palma, que entendió que no estaban debidamente justificadas cada una de las órdenes de confinamiento.
Tras la anulación, la inmensa mayoría de los confinados abandonara la isla a bordo de un barco pagado por el Govern balear. Solo 45 jóvenes siguieron la cuarentena en el hotel. De los que se trasladaron en barco a València, 14 dieron positivo en la prueba PCR que se les hizo al final del viaje.
El Govern de Francina Armengol ha insistido en todo momento que volvería a decretar el confinamiento de los jóvenes por una cuestión de salud pública ya que se ha demostrado que el aislamiento es la medida más eficaz para romper la cadena de contagios del virus.
La Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears denuncia que los jueces minen la gestión de la pandemia